El caso que se instruye en los juzgados de Barcelona contra la agencia de valores Qrenta por los presuntos delitos de estafa y administración desleal, entre otros, podría tener un calado más hondo de lo esperado. Al menos, eso se deduce de la labor de los peritos que ultiman el informe encargado por los demandantes que entregarán a la instructora del caso, la magistrada María Pilar Rovira del Canto, que apuntan a que las maniobras de los responsables de Qrenta no sólo afectarían a las sicavs y compañías del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en las que colocaban los fondos de los clientes sino al mercado financiero español en general.

Así las cosas, los encargados de elaborar el citado informe remitieron hace unos días un comunicado al juzgado de instrucción número 3 de Barcelona, encargado del caso, en el que se disculpan por el retraso a la hora de entregar el trabajo, que justifican por la complejidad del mismo y por haber encontrado, en su transcurso, muchos más afectados de los inicialmente previstos.

Cadena de afectados

En el escrito, firmado por el auditor de cuentas Israel Barroso y al que ha tenido acceso Crónica Global, se asegura que el efecto de las presuntas prácticas de Qrenta para manipular el mercado no solo afectaría a las instituciones de inversión colectiva (IIC, sicavs y fondos ) en las que invertía la agencia de valores sino también a aquellas otras que, a su vez, invirtieran en las primeras, lo que produciría “una cadena de afectados indirectos” a través de la participación de IIC en otras sociedades de su clase.

La querella penal contra Qrenta que dio origen al caso fue presentada por un cliente que acusa a la agencia de haber gestionado de forma desleal los dos millones de euros de patrimonio que puso en sus manos. Según la denuncia, impulsada por María Jesús Hernández Elvira, socia de CHR Legal, Qrenta obvió la indicación del cliente acerca de invertir, como máximo, un 20% del patrimonio encomendado en activos de riesgo.

Los denunciantes apuntan que la agencia cobraba comisiones por colocar determinados activos, práctica poco habitual de la que no informaban al cliente, y también acusan a Qrenta de primar sus propios intereses económicos por encima de los del cliente a la hora de realizar las inversiones.

Intereses cruzados

La instrucción del caso debe probar, con la ayuda del informe pericial, la existencia de intereses cruzados entre Qrenta y aquellas empresas en las que invertían los fondos de los clientes y en cuyos consejos de admnistración se sentaban los principales directivos de la agencia que tendrán ahora que responder ante la juez. Se trata de compañías como Eurona, Enerkia Global Energy, Inkemia o Home Meal Replacement (holding de la cadena de restaurantes Nostrum), todas ellas cotizadas en el MAB y la mayoría, en concurso de acreedores.

“No solo se han visto afectados clientes de Qrenta, como los mandantes del presente informe, cuyo perjuicio ha sido directo, mesurable y cuantioso, sino que se han visto afectados otros inversores, no clientes de Qrenta, que mantenían inversiones en IICs, posicionadas en las IICs de Qrenta; o incluso directamente en las acciones de las sociedades del MAB objeto de la presunta manipulación”, apunta el comunicado de los peritos a la juez Rovira del Canto.

Influencia en los precios

De este modo, el alcance de la presunta estafa tendría un recorrido mucho mayor del previsto toda vez que, producto de las cadenas de inversiones que se articulan en el mercado, las prácticas Qrenta habrían contaminado al mercado financiero y a la industria de inversión colectiva en general. “La información pública financiera de todas las IICs que, directa o indirectamente, se ven afectadas, recoge el impacto de dicha manipulación en su valor liquidativo, es decir, en el precio en el que se han intercambiado las acciones o participaciones”, concluye el comunicado del perito.

A finales de año, Qrenta se declaró en concurso de acreedores y, además, tiene embargada su sede, situada en plena Avenida Diagonal de Barcelona.