El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, llevará al Congreso antes del verano la iniciativa legislativa que permitirá a comunidades autónomas y ayuntamientos limitar de manera coyuntural y temporal los precios del alquiler en las zonas tensionadas.

Ábalos, que ha hecho este anuncio en su comparecencia en el Congreso, ha sostenido que el control de precios es una medida "oportuna", "ponderada", "tasada" y "proporcional" y ha dicho que cree en ella porque como ministro y como político debe defender los derechos sociales que garantiza la Constitución.

"Protección del derecho a la vivienda"

"No pienso mirar hacia otro lado. No voy a estar ausente en la protección del derecho a la vivienda. Mi responsabilidad es mirar a los jóvenes de cara y decirles que tengan esperanza porque este Gobierno no les da la espalda", ha afirmado.

El ministro ha señalado que antes del verano llevará al Congreso "una iniciativa para permitir el control de precios del alquiler en aquellas zonas que hayan experimentado subidas desorbitadas", pero no ha aclarado si la medida estará incluida en una nueva ley de vivienda, si se articulará a través de una modificación de la ley de arrendamientos urbanos o si se buscará otra fórmula.

Sí ha avanzado que planteará esta medida "tras oír a todos los agentes, organizaciones sociales, administraciones públicas y al sector privado".

Rechazo del sector inmobliario

La medida, a la que el PSOE se comprometió en su acuerdo de gobierno con Unidas Podemos, cuenta con un amplio rechazo en el sector inmobiliario, que cree que generará un mercado negro, problemas de demandas judiciales masivas, menos oferta y más desigualdad, como ha ocurrido --dicen-- en París y Berlín.

Además del control de precios, Ábalos ha apuntado que el ministerio está trabajando en medidas para la movilización del suelo y la dinamización de la oferta, entre ellas un plan de rehabilitación y otro plan de acceso a la vivienda, "para promover el alquiler, la construcción de vivienda asequible en alquiler social y el fomento y mantenimiento del parque público de vivienda".

Plan 20.000 viviendas

A esto ha sumado el desarrollo del plan 20.000 viviendas, a través de fórmulas de colaboración público-privadas, mediante modelos de derechos de superficie o concesiones administrativas que fomenten la oferta de vivienda asequible, para lo cual está ya movilizando suelo público de los ministerios y organismos públicos estatales.

Tras calificar de "ambiciosa" su política de vivienda, ha abogado por "recuperar lo antes posible el tiempo perdido". Según su diagnóstico, la ausencia de políticas activas, la crisis económica y "actitudes poco responsables con el exiguo parque público de vivienda existente en algunos territorios" es lo que ha propiciado la actual "crisis del acceso a la vivienda".

Ley de Vivienda

Ha renovado también su compromiso de presentar este año una Ley de Vivienda estatal que regule la provisión de casas por parte de los poderes públicos como un "servicio público de interés general", que blinde la función social de la vivienda y establezca "mecanismos para impedir la enajenación de los parques públicos de vivienda, evitando prácticas del pasado que no podemos permitirnos que vuelvan a repetirse".

También ha recordado que para obtener más información acerca del mercado residencial en alquiler presentará a finales de marzo el nuevo "sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda" previsto en el 'decreto del alquiler' aprobado hace un año.

Asimismo ha prometido la elaboración de una "ley de arquitectura y calidad en el entorno construido" y la puesta en marcha de un museo nacional para la promoción y difusión de la arquitectura y el urbanismo español