La delicada situación jurídica de FCC por las acusaciones de pagar sobornos en Panamá a cambio de obra pública ha sufrido un giro radical en los últimos días. Un auto emitido por una instancia superior del país centroamericano ha anulado las investigaciones llevadas a cabo desde la vuelta del verano debido a una negligencia cometida por el juzgado que entendía de una de las causas por las que se investiga al grupo español de servicios y construcción.

La decisión afecta también a las diligencias llevadas a cabo en España por parte de la Audiencia Nacional, ya que no podrán ser incorporadas al proceso, tal y como estaba previsto en principio.

Confesión de exdirectivos

El caso es especialmente grave dado que entre las actuaciones que quedan anuladas se incluyen las derivadas de la colaboración de antiguos directivos de FCC con la Fiscalía panameña. Se trata de Julio Casla y Eugenio del Barrio, que llegaron a confesar que la empresa había pagado comisiones a cambio de obtener contratos de obra pública durante la etapa del Gobierno de Ricardo Martinelli.

Por su parte, en relación con las investigaciones a FCC en Panamá y a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción española, el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional abrió una causa en la que imputó a la propia empresa, bajo la acusación de pagar más 70 millones de euros en comisiones para adjudicarse diversos contratos en el país centroamericano. Las diligencias practicadas por el titular del juzgado, Ismael Moreno, se iban a incorporar a la investigación que se sigue en Panamá en el marco de un proceso de colaboración entre la Justicia de ambos países.

Defecto técnico

Sin embargo, ahora todo eso queda sin efecto por lo que podría considerarse una negligencia jurídica. El juzgado de instrucción número 11, que investiga el presunto pago de mordidas por parte de FCC a cambio de un contrato de carreteras (en concreto, de un tramo del Corredor Vía Brasil, en Ciudad de Panamá, la capital del país), continuó con el proceso e incluso lo declaró como causa compleja, un aspecto de vital importancia ya que concedía a la Fiscalía un plazo de un año para continuar con las investigaciones. El problema radica en que, en paralelo, Federico Suárez, el exministro de Obras Públicas que aparece implicado en numerosos casos de corrupción en el país, había solicitado a otro juzgado, el número 15, que todas las causas contra él fueran acumuladas en una.

Según la prensa local, el Segundo Tribunal Superior del país ha tomado cartas en el asunto al considerar que el titular del juzgado 11 debió detener el proceso que estaba siguiendo hasta que el juzgado 15 no dictaminara si accedía o no a unificar en una sola las causas contra Suárez. Por ello, la instancia superior ha decidido anular todas las diligencias desde que el exministro presentó su solicitud de acumulación de causas en el juzgado 15 hasta la fecha del auto, que es de finales de enero.

Imputada en España

Sin ir más lejos, la declaración realizada por representantes legales de FCC en la Audiencia Nacional data de finales de noviembre. También entran en este periodo las confesiones de Casla y Del Barrio, que implicaban precisamente a Suárez y a Avelino Acero, por entonces director general de FCC Construcción.

De acuerdo con lo recogido en su día por la prensa local, ambos exdirectivos declararon que Suárez había pedido a Acero una comisión del 10% para poder pagar sobrecostes de contratos anteriores, además de articular un reparto de obra entre un grupo de constructoras del que también formaba parte la brasileña Odebrecht.

Posible recurso

Un aspecto paradójico de este caso es que, finalmente, el juzgado 15 había declinado la petición del exministro Suárez, con lo que hubiera bastado con que el juzgado 11 hubiera interrumpido tres meses el proceso para que todo pudiera seguir adelante como estaba previsto.

Fuentes de FCC contactadas por Crónica Global declinaron realizar comentarios al respecto. La compañía también alcanzó en su día un acuerdo con la Fiscalía panameña para admitir el pago de mordidas con el objeto de lograr contratos y abonar una multa (que podría rondar los 20 millones) a cambio de dar por cerradas las causas. Ahora, todo queda en el aire, aunque la Fiscalía panameña tratará de revertir la situación con un recurso especial.