Aunque parezca repentino, el estallido que ha brotado desde el campo para ocupar carreteras y ciudades ha sido un movimiento calentado a fuego lento. Agricultores y ganaderos llevaban tiempo advirtiendo de los desequilibrios de la cadena de distribución y de la asfixia que vive el sector ante los escasos márgenes de beneficio. La puntilla para la revuelta pareció venir tras la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 950 euros, según esgrimieron las patronales. No obstante, sindicatos y otras organizaciones se desmarcan y aseguran que el verdadero problema reside en la diferencia entre los precios de origen y los de venta.
“Los trabajadores asalariados no están detrás de esto, son las patronales agrarias, pero eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con gran parte de las reivindicaciones”, explica el secretario sectorial agrario de UGT-Fica, Emilio Terrón. “La subida del SMI a 950 euros no es un motivo de protesta y no lo respaldamos”, detalla.
Expansión de la protesta
Los primeros focos de las protestas comenzaron en Andalucía, Castilla y León y Extremadura, hasta extenderse como una mancha de aceite por toda España. Fue ya el pasado miércoles cuando las principales asociaciones del sector, COAG, UPA y Asaja, se plantaron ante el Ministerio de Agricultura para denunciar la situación que se vive en el campo. De hecho, ha sido la unidad de acción de las grandes asociaciones, “unido al apoyo de los consumidores”, como detallan desde UPA, lo que ha dado fuerza al movimiento, que encara nuevas movilizaciones en las próximas semanas.
Las protestas se agudizaron tras la subida del SMI a 950 euros, lo que distorsionó la imagen del conflicto como un problema meramente salarial. “Las movilizaciones estaban convocadas mucho antes del inicio de las negociaciones para aprobar el nuevo SMI. Surgió en el subsector del aceite de oliva y se han sumado los demás”, señala el portavoz de UPA, Diego Juste. “Si la subida va en línea de que los asalariados agrícolas no sean de segunda, estamos a favor”, continúa.
Críticas a la patronal
“La patronal ha aprovechado para hacer sus movilizaciones”, lamenta Terrón, que pide “claridad” a los propietarios y empresarios agrícolas sobre sus balances de cuentas para saber en qué punto se encuentra el sector. “No queremos pensar que también haya algún empresario que se esté manifestando y sea luego quien encarezca el producto”, añade.
Desde UPA aseguran que los perfiles que respaldan las protestas son “muy diversos, como el mundo rural, pero con unos problemas comunes”. De hecho, aunque la movilización ha partido desde las patronales agrícolas, “no hay grupos sociales enfrentados sino que vamos todos a una por la crisis de rentabilidad por falta de un precio justo”. La diferencia de precio entre origen y destino llega a alcanzar hasta el 635% en el caso de la patata, que se compra al agricultor a 0,17 euros el kilo y se vende al consumidor a 1,25 euros, según la estadística elaborada por COAG. En el caso de la cebolla, la diferencia es del 620%; el 554% en el ajo y el 509% en la mandarina.
Mejoras fiscales y tarifas especiales
Por el momento, el sector agrícola ha valorado de forma positiva el interés del ministro de Agricultura, Luis Planas, para solventar la situación y “ajustar los márgenes intermedios”, como explicó este jueves tras una primera reunión con el sector aceitero. Pero las asociaciones piden medidas contundentes, entre ellas mejoras fiscales como la reducción de módulos en el IRPF y tarifas especiales para regantes.
En Cataluña, la Unió de Pagesos ha propuesto en su XIII Congreso Nacional, que se celebra este fin de semana, que se implante una norma catalana contra los “abusos” de la cadena alimentaria. Según el sindicato agrario, “la renta agraria en Cataluña ha bajado en términos constantes más de un 34 % entre el 2001 y el 2018”.