Tras dos años de prórrogas, la Generalitat dio el lunes el primer paso para sacar adelante los nuevos presupuestos para 2020. El borrador acordado con En Comú Podem, que recoge un incremento de 3.070 millones más de gasto, permitirá dejar atrás las cuentas de 2017 y recuperar la inversión pública. Sin embargo, tanto patronales como sindicatos coinciden al resaltar la tibieza inversora para proteger el tejido industrial y empresarial en un año marcado por la desaceleración de la economía.
Presupuestos catalanes para el 2020 / EUROPA PRESS
“Son unos muy buenos presupuestos para Cataluña tras la política de austeridad impuesta”, manifestó el lunes en rueda de prensa el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Después de que el pasado diciembre anunciara que la recaudación se incrementaría en 500 millones, ahora Govern y comunes han presentado la parte del gasto, que compromete un incremento de la inversión en el sector público de 405 millones, el 25,7% más, hasta casi 2.000 millones de euros.
Lejos de niveles precrisis
El propio Aragonés reconoció que las cuentas para 2020 quedan lejos de recuperar el pulso inversor precrisis económica, aunque son una primera medida para desencallar los recortes que se iniciaron en 2010 con el pacto entre Artur Mas y Alicia Sánchez-Camacho. Es en ese punto en el que coinciden los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que consideran positivo el desbloqueo de las cuentas, aunque echan en falta mayor gasto social e industrial.
Pere Aragonès, durante la presentación de los Presupuestos de la Generalitat de 2020 / CG
“Es un buen principio entre tanta tensión política, aunque el recorrido nos parece que queda corto”, manifiesta el secretario de Trabajo y Economía de CCOO Cataluña, Ricard Bellera. El sindicato valora positivamente la “voluntad de recuperar los niveles de gasto de los servicios públicos”, a pesar de que la inversión todavía es “insuficiente”.
Falta de financiación industrial
Uno de los puntos en los que CCOO pone el foco es en el Pacto Nacional por la Industria, que recibirá un incremento de 23,8 millones, hasta los 176,9. Para el sindicato, la dotación supone que “difícilmente” se puedan conseguir los objetivos establecidos para hacer frente a los “importantes cambios que se están produciendo en el modelo productivo”. Esto es en un momento de alta conflictividad laboral en el sector, marcado por los ERE y planes de deslocalización de grandes compañías.
Desde UGT también consideran que “se podría haber hecho más” a la hora de incrementar la presión fiscal y hacer los tramos de IRPF “más progresivos”, al tiempo que creen que el gasto en sanidad y educación “no está a los niveles previos a los recortes”, denuncia la secretaria de política sindical, Núria Gilgado. En lo que respecta a sanidad, Aragonès ha remarcado la intención de “frenar las listas de espera”, para lo que se han destinado 20 millones de euros. “Se trata de un avance, pero no es suficiente”, remarca Gilgado, que lamenta que Cataluña haya sido “una de las comunidades que ha sufrido más recortes sin que aún se haya recuperado”.
Incremento "insignificante" en sanidad
En la misma línea se expresa el profesor titular de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, que considera “insignificante” el incremento en sanidad. De hecho, el experto apunta que con las 1.400 contrataciones de personal sanitario anunciadas por el Govern “se van a reducir mínimamente las listas de espera”, para lo cual considera se debería activar un “plan de choque”. Además, según este, “no hay ninguna partida significativa para impulsar el crecimiento”, mientras advierte de que “con lo recaudado no da para pagar todo lo que se ha prometido”.
La nota más crítica la ha puesto la patronal Foment del Treball, que denuncia que el incremento presupuestario en la dinamización de la economía apenas llega al 1% del total. Así, la institución que preside Josep Sánchez Llibre --crítico con las subidas de impuestos que se anunciaron en diciembre-- asegura que las cuentas “no permitirán avanzar con suficiencia en el cumplimiento del Pacto Nacional para la Industria”.
Foment asegura que el gasto que la Generalitat “se ahorra en la política industrial” repercutirá a medio plazo en un “incremento del gasto social para afrontar los problemas generados por las carencias en la creación de ocupación”. Además, la patronal ahonda su crítica sobre el incremento fiscal al remarcar que se trata de una política “confiscatoria y perjudica la competitividad”.