Imputado el exconsejero delegado de Dia por alterar las cuentas

El magistrado Alejandro Abascal, que refuerza el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, investiga al exconsejero delegado del Grupo Día Ricardo Currás y al que fuera su número dos, Amando Sánchez Falcón, por los delitos de administración desleal y fraude en las cuentas. Según le consta al juez, ambos podrían haber aumentado, presuntamente, las cifras de negocio de la compañía en 2017. Abascal considera que existieron "prácticas irregulares" que se tradujeron en un incremento ficticio de hasta 51,8 millones de euros.

Además de Ricardo Currás y Amando Sánchez Falcón, a instancias de Fiscalía Anticorrupción, se imputa también a cuatro personas más: Luis Martínez Gallardo y Juan Cubillo, ambos directores comerciales; Antonio Arranz Martín, director financiero, y Carlos Peregrina García, auditor de KPMG que revisó las cuentas de Día ahora cuestionadas.

"Apariencia de sólida gestión"

"Para la consecución de los objetivos propuestos para el ejercicio 2017, dado que las cifras propias del ejercicio no alcanzaban los mismos y se produciría un importante descenso en la cifra del Ebitda”, cita el juez, “Currás ideó un plan, que en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares previas, para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo" en el balance. De esta manera, gozaba de “una apariencia de sólida gestión” y podía “alcanzar el cobro del variable por objetivos”.

La investigación ha encontrado al menos cuatro prácticas ilícitas que imputa directamente al exconsejero delegado de la compañía, Ricardo Currás:

• Previsión de ingresos no justificados procedentes de negociación con proveedores por importe de 6,3 millones de euros.
• Incorrecta contabilización de ingresos derivados de cargos de proveedores de marca propia que asciende a 21,7 millones.
• Eliminación no justificada de la provisión de Facturas Pendientes de Recibir por 18,3 millones de euros.
• Pago de bonus y gratificaciones al personal no provisionados de hasta 5,5 millones de euros.

"Plan trazado y ejecutado"

Con todo ello, “el resultado final del plan trazado y ejecutado, conllevó que las cuentas individuales de Dia en el ejercicio 2017 ofreciesen una imagen que no se correspondía con la real de la matriz”, cita el documento judicial, que añade que eso “se trasladó a las cuentas consolidadas del ejercicio”, e igualmente “tuvo reflejo en la proyección de objetivos para el ejercicio 2018”.

La investigación en Día España se inició en 2018 debido a que no se conseguía alcanzar la cifra de objetivos, una vez cesado Currás y después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comunicara la necesidad de una reexpresión de las cuentas de 2017, cuando se cerrasen las de ese ejercicio en curso.

Las prácticas contables de Currás

El resultado fue un ajuste aproximado de 56 millones de euros en el patrimonio neto contable a 31 de diciembre de 2017 que, desde el punto de vista de su cotización bursátil, conllevó que el precio de la acción sufriese una variación a la baja del 42,22% a cierre del día 15 de octubre -primer hecho relevante- y del 24,50% a cierre del 22 de octubre, en una segunda comunicación a la CNMV.

"Se puede concluir que de los ajustes que se incorporaron a los Estados Financieros de Grupo Dia correspondientes al ejercicio 2017, cuatro de ellos tienen su origen en prácticas contables irregulares ideadas por Ricardo Currás”, dice el auto, que también menciona que “supusieron una alteración artificial del Ebitda de 2017 por un importe de 51,8 millones de euros, del total de 69,7 millones de euros de ajustes que se han incorporado a las Cuentas Anuales, netos del efecto fiscal”, concluye el instructor.

Declaraciones los días 27 y 28

En el citado auto se acuerda la práctica de las primeras diligencias y se cita el 27 de enero a los tres peritos que han elaborado informes sobre las cuentas de Dia en el marco de la investigación abierta en Fiscalía Anticorrupción.

Un día después, el 28 de enero, declararán en calidad de testigos los trabajadores de la mercantil Miguel Ángel Iglesias Peinado y Susana Pagés de la Peña, que podrían haber habrían recibido instrucciones de Currás para las maniobras contables que ahora son objeto de investigación.