La vicepresidencia de Economía, encabezada por Pere Aragonès (ERC), inicia el fin de año con una operación que compensa un crédito de 1.051,32 millones de euros que Infraestructures.cat, la antigua GISA, mantenía desde hace siete años con la Generalitat. Se trata del primer paso para liquidar los restos del mecanismo de pago a los proveedores que el Estado habilitó en 2012, en el momento más duro de la crisis, que aún están presentes en las cuentas públicas catalanas.
Fuentes de la consejería indican que la inyección de efectivo que se recibió en ese momento y que fue a parar a la empresa dedicada a la promoción de proyectos públicos en Cataluña ya ha expirado. Es por este motivo que ha ejecutado este movimiento para reordenar las cuentas de la empresa pública en dos pasos.
Mecanismo previo al FLA
De entrada, se debe tener en cuenta que el traspaso de fondos se hacía de forma directa entre administraciones en esta especie de protoFLA, ya que se sacó adelante antes de que se habilitaran las líneas de financiación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Infraestructures.cat, al ser una compañía pública, no pudo ser la beneficiaria directa del dinero para liquidar sus cuentas con los proveedores, por lo que se aprobó un préstamo entre la Generalitat y la sociedad.
El primer paso de la operación que se ha aprobado antes de que se termine 2019 implica “cancelar” los 1.051,32 millones. El Gobierno debe esta cantidad a Infraestructures.cat por los proyectos ejecutados en los últimos años, entre los que se incluyen la construcción de Centros de Atención Primaria o escuelas en todo el ámbito catalán, entre otros. Por lo que se ha compensado parte de la deuda contraída a raíz del mecanismo de financiación estatal.
Ampliación de capital
Restan 380 millones pendientes, que también se han traspasado a la empresa pública encabezada por Joan Jaume Oms. La segunda parte de la operación implica una ampliación de capital de la sociedad de la Generalitat. Ya se ha autorizado por parte del Govern y se lanzará en los primeros días de 2020. Se formalizará mediante la “emisión de 6.329.764 acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas”, tal y como indica la vicepresidencia de Economía.
La reorganización de los pasivos que soportan la Generalitat e Infraestructures.cat no tendrá efectos sobre el déficit público catalán. Se mantendrá el total, aunque cada actor asumirá las deudas de una forma que desde el Ejecutivo se defiende como más racional.