Las entidades bancarias tendrán que ofrecen un alquiler social, de forma obligatoria, a las familias a las que se les acabe el contrato y que acrediten una situación de vulnerabilidad, se encuentren inmersas en un proceso de desahucio o lleven más de seis meses ocupando una vivienda, en el momento de la entrada en vigor del nuevo Decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda que ha aprobado este lunes el Govern en Consell Executiu.

Ha sido el conseller de Territorio, Damià Calvet, el que ha anunciado este medida en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán. El objetivo, ha remarcado, es combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento y contribuir a la moderación de los precios de este. 

Ampliación del contrato obligatoria

Entre estas medidas también se incluye la de ampliar el contraro de alquiler social de manera obligatoria. Pasa así de tres a cinco y siete años, dependiendo de si el piso es propiedad de una persona física o jurídica. Un decreto también incorpora facilidades para construir alojamientos en equipamientos comunitarios para incrementar la oferta y atender a familias en riesgo de exclusión de manera temporal. 

En esta misma línea se implementarán medidas para considerar como desocupados los edificios con obras inacabadas y poderlos movilizar para generar más vivienda asequible, incluyendo multas coercitivas y la posibilidad de expropiación.

Prórroga de las cuentas en 2020

El Consell Executiu también ha dado luz verde al decreto que establece los criterios de aplicación de la prórroga de los presupuestos de la Generalitat del 2017 para el 2020, que estarán vigentes hasta la aprobación y la publicación de unas nuevas cuentas para el próximo año. 



Un decreto que permite garantizar el funcionamiento de la administración catalana y la prestación de los servicios públicos a la espera de la aprobación de unas nuevas cuentas, que el Govern negocia con los comuns, con el que se ha cerrado ya un pacto sobre el apartado de los ingresos.

Hospitales de Reus y Móra d'Ebre

El gobierno catalán también ha aprobado la creación de dos empresas públicas, adscritas al Servicio Catalán de Salud (CatSalut), para gestionar el Hospital Sant Joan de Reus y el Hospital de Móra d'Ebre, que hasta ahora dirigían organismos municipales de Reus.

Según el Ejecutivo, la creación de las dos empresas públicas "ha sido bastante compleja" debido al "entramado de empresas municipales que se encargaban" de los dos hospitales. En los próximos días se materializarán todas las cesiones de activos y pasivos y los procedimientos jurídicos que se iniciarán con la firma de un convenio entre las partes, que no se ha precisado cuándo será.