El empresariado catalán ya ha mandado un primer mensaje a la Generalitat casi en el mismo momento en que ERC, JxCat y los Comunes han presentado de forma pública el pacto para sacar adelante unos presupuestos más sociales que implica revisar el capítulo impositivo. “Ni las empresas ni las personas físicas que pagan de forma habitual sus impuestos están dispuestos a admitir más presión fiscal”, ha sentenciado el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
La gran patronal catalana recuerda que las tasas que se pagan en Cataluña ya están “por encima de la media europea” y que revisarlas de nuevo al alza “va en contra de la capacidad productiva de las compañías y lastra su productividad”, tal y como ha señalado su presidente en su tradicional encuentro con los medios por Navidad. Destaca que el último efecto será en creación de empleo, por lo que no se cumpliría con una cuestión básica. Con todo, ha aplaudido lo que implica la presentación pública de este lunes por la mañana.
Acuerdo político
“Todo lo que sea un principio de entendimiento de las diferentes formaciones políticas nos parece positivo”, ha remarcado el presidente. Cabe tener en cuenta que Foment del Treball ha sido una de las organizaciones que ha reclamado de forma más insistente que Cataluña saque adelante un proyecto presupuestario en Cataluña como signo de estabilidad.
De hecho, su máximo líder ha lanzado una advertencia a todos los implicados. “Iniciar 2020 con una prórroga de las cuentas públicas sería un menosprecio a los ciudadanos y a los agentes económicos de Cataluña”, ha remarcado. Insiste en que el principio de acuerdo debe prosperar a pesar de que lo que implica la letra pequeña de la iniciativa.
Lucha contra el fraude fiscal
Foment del Treball reclama tiempo para poder valorar a fondo las propuestas que se incluyen en el documento presentado esta mañana y poder hacer pública su valoración final. Recuerda que la patronal ya entregó en julio su propuesta para que las Administraciones Públicas incrementen su recaudación y que esta pasa por “atacar la economía sumergida”.
Indica que pasar del 25% de la actividad que no se declara que existe en este momento en España al 15%, un porcentaje que los empresarios consideran que sería más aceptable, “implicaría disponer de más de 40.000 millones de euros anuales” disponible para el gasto público. Por todo ello, demandan mantener un “marco de fiscalidad competitiva” para Cataluña.