Grandes descuentos, publicidad invasiva en internet y la llegada de la campaña de Navidad. El Black Friday es una oportunidad para aquellos clientes que planifican sus compras con antelación, pero puede volverse un arma de doble filo con quienes intenten darse un capricho de última hora o anden despistados. Los motivos: la dificultad para seguir los precios en un océano de productos como el comercio electrónico o la falta de adaptación de la legislación a los nuevos hábitos de consumo.

“Si hay algo que queremos comprar, memorizamos el precio, pero no ocurre con todo. Hay comercios que juegan con ese despiste del consumidor. Funcionamos por impulso”, explica la abogada de DAS, Asunción Castejón. Es de ese impulso del que se aprovechan los comercios más pícaros para jugar con los descuentos y terminar dando apariencia de rebaja a algo que en realidad no lo es. Durante el Black Friday de 2018 la OCU encontró que el 37% de los artículos presentaban ofertas reales, mientras que el 22% eran más caros.

"Vacío legal"

“Hay una legislación poco dura y muy cambiante”, sostiene el catedrático de Esade y experto en marketing, Josep Francesc Valls. “Se encuentran precios bien puestos, pero también otros que se han hinchado previamente y productos en excedentes”, señala. En este punto coincide la profesora de Economía y Empresa de la UOC, Neus Soler: “Aquí hay un vacío legal porque es una cosa traída de Estados Unidos que para nosotros es nueva y no está legislada”, al tiempo que recuerda que los descuentos no tienen por qué ser para todos los productos de la tienda, ni tan siquiera el mismo porcentaje.

Con la liberalización de las rebajas, uno de los cambios que se introdujo era que los vendedores podían elegir los periodos en los que realizar descuentos, sin tener que estar atados necesariamente a las temporadas de invierno y verano. No obstante, las garantías para el consumidor deben ser las mismas. Según la normativa de Consumo en Cataluña, las ofertas se deben hacer sobre el precio habitual del producto, es decir, “el que se haya aplicado en el mismo establecimiento al menos durante un mes dentro de los seis meses anteriores al inicio de la promoción”. Además, la legislación recoge que “corresponde al empresario probar el cumplimiento de este requisito”.

Dificultades para seguir el precio

Sin embargo, no siempre resulta fácil para el usuario conocer el coste real que ha tenido un producto en los meses previos si no se trata de un artículo de primer orden. “Los clientes tienen verdaderas dificultades en saber si los precios son descontados o son los mismos que antes”, reconoce Valls. Además, hasta que no se producen quejas, no suele haber respuesta contra las empresas que realizan estas malas praxis: “El control de las administraciones no existe. No se realizan ni inspecciones básicas comparando los precios iniciales y posteriores, y la mayoría de las multas son secretas”, lamenta el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.

Entre las recomendaciones de las asociaciones de consumidores se encuentran portales como Web.Archive o Egarante, que ofrecen capturas de pantallas de los comercios digitales a lo largo del tiempo y, por tanto, la fluctuación de los precios. Además, desde el despacho de abogados DAS recuerdan que el coste anterior del producto “debe figurar con claridad”.