El Tribunal Supremo ha dictado sentencia. Y lo ha hecho con contundencia “tener competencia sobre el agua no supone la asunción automática del servicio”, o sea, lo contrario que defendía Ada Colau y, sobre todo, sus aliados Aigua és Vida e Ingenieros sin Fronteras, las organizaciones activistas que promovieron una consulta en Barcelona, plagada de irregularidades, y que fue rechazada por el pleno municipal.

Estas dos organizaciones llevan años cuestionando el servicio, que por otra parte es altamente valorado por la ciudadanía, levantando una bandera contra las empresas suministradoras bajo la falacia de que el agua gestionada por los entes públicos es más barata. Una falacia, y una mentira, como se ha comprobado tanto en París, como en Berlín y Valladolid, los estandartes de los “remunicipalizadores”. Ciertamente, el agua es un derecho.

Colau desde el consistorio “regó”, nunca mejor dicho, a Aigua és Vida e Ingenieros sin Fronteras con dinero público para darles músculo en su objetivo de quedarse con la gestión del agua. Jamás dijeron cómo gestionarían, si el agua sería más barata y cómo lo harían, cómo afrontarían no sólo el suministro, sino también el saneamiento. Ni siquiera abordaron un tema fundamental: las inversiones.

Eloi Badia, el hombre rana de Colau, estaba al mando de todo. En el Ayuntamiento de Barcelona, en el Àrea Metropolitana, y daba amparo a las organizaciones que le vieron crecer y de las que formó parte. La sentencia también le envía un recado, casi personal, al señor Badia cuando avala los 476 millones que puso Agbar en la empresa mixta metropolitana que él siempre cuestionó. O la calculadora no le funcionaba o, simplemente, tenía una intencionalidad política.

Lo curioso es que el pleito lo inició Aigua és Vida casi en la alianza de Acciona. Nunca Aigua es Vida ha cuestionado la empresa de José Manuel Entrecanales. Nunca lo ha hecho, y en diferentes litigios han unido fuerzas. Parece que su único enemigo es Agbar. Algo curioso, sin duda. Acciona ha vuelto a perder en su competencia con Agbar, a pesar de que Artur Mas le concedió ATLL cuando su Gobierno se encontraba en la puerta de salida. Al final, ATLL ha vuelto a manos públicas y nos ha costado la broma un colín a los contribuyentes. Esto viene a cuento porque otro de los que han recibido un revolcón con esta sentencia es Aguas de Valencia, dirigida en Cataluña por David Madí, el que fuera mano derecha de Artur Mas en la oposición y en el Gobierno de la Generalitat. El Gobierno que le dio la concesión de la ATLL a Acciona.

Al margen del lío empresarial, es curioso, insisto en el concepto, en la unidad de acción de Aigua és Vida con estas empresas. La última la conocimos esta semana cuando una empleada de Acciona se transformaba en activista contra Agbar en sus horas libres. Una curiosidad que, sin duda, no es casual. Como tampoco es casual que Eloi Badia se amparara en esta organización para atacar desde la administración a una empresa. El ayuntamiento y el área metropolitana tienen que hacer su trabajo, ejercer su competencia sobre el agua, no apropiarse --nacionalizar, se diría-- el servicio. La colaboración público-privada ha funcionado, y bien. Sólo hace falta que el personal se dedique a hacer su trabajo. Badia ha vuelto a cosechar un fracaso. No es el primero, pero podría ser el último. Después de su empecinamiento, una buena solución sería su dimisión. Debería ser la primera consecuencia de la sentencia del Supremo. Aunque sólo fuera por vergüenza torera.