La consejería de Trabajo de la Generalitat, encabezada por Chakir El Homrani (ERC), busca una solución para evitar que el Centro de Formación Profesional de Automoción de Martorell (CFPA) quede casi vacío otra vez más. El plan que mantiene el departamento es que Eurecat asuma su gestión, la misma alternativa con la que se empezó a trabajar antes de declarar desierta la licitación pública que se lanzó con este fin. De hecho, se indica que este es el motivo de las dos prórrogas del plazo para presentar plicas.
El desenlace es conocido. Ninguna empresa presentó una oferta en firme por hacerse con un contrato de 15 años valorado en unos 128,3 millones de euros.
Búsqueda de socio industrial
El centro de transferencia tecnológica sí que tiene experiencia en la actividad gracias a sus laboratorios de automoción. De hecho, parte de su enfoque es para que los alumnos de FP puedan desarrollar parte de sus prácticas en los mismos. Pero convertirse en un gestor de un centro de formación integral no es sencillo y requeriría la presencia de un compañero de viaje que ejerciera de socio industrial, tal y como advierten fuentes del sector.
Este es uno de los grandes retos de la consejería. Ni Seat, ni Nissan, ni ninguna de las otras compañías más pequeñas de la automoción catalana quieren asumir el mando del CFPA tal y como se plantea desde la Generalitat. El propio Clúster de la Industria de Automoción de Cataluña (CIAC) mandó durante el proceso de licitación pública una carta a Trabajo en la que advertía de que el espíritu que se quería dar a la infraestructura no respondía a la visión que se tenía sobre cómo se debía impartir FP.
Seguridad jurídica
Lo que reclamaban entre líneas era más poder para decidir cómo se formaba a los futuros profesionales del auto de Cataluña, algo que choca de frente con la voluntad del Ejecutivo catalán de mantener el control. Además de afirmar que el pliego de condiciones del contrato licitado presentaba problemas de seguridad jurídica.
El Centro de Formación Profesional de Automoción de Martorell (Barcelona) / CG
Los mismos interlocutores señalan que fue a partir de esta misiva cuando el departamento de El Homrani se acercó a Eurecat para implicarlo en una salida viable para el CFPA.
Eurecat y la financiación pública
Fuentes del centro de transferencia tecnológica reconocen que asumir la gestión del que está llamado a ser el punto de referencia en Cataluña del sistema integral de FP de automoción es un proyecto que estudian con cierto escepticismo. Reconocen que se debe justificar muy bien los motivos por los que se supera su objetivo fundacional y que la búsqueda de un socio industrial es compleja.
Además, cabe tener en cuenta que la mayoría de la financiación anual que recibe Eurecat es de origen público. La Generalitat le inyecta unos 20 millones de euros que se reparte con el otro centro de transferencia tecnológica con el que está asociado, el egarense Leitat.
Batalla entre ERC y JxCat
Otros interlocutores del entorno de Eurecat señalan otro elemento que enreda aún más el acuerdo que se debe alcanzar: depende de la consejería de Empresa y Conocimiento, liderada por Àngels Chacón (JxCat). Por lo que a todos los retos que están sobre la mesa para buscar una solución viable a la CFPA para el curso 2020-2021 se le añade la necesidad de alcanzar un pacto entre los dos partidos que conforman el Gobierno catalán.
La consejera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón / EFE
No será precisamente fácil si se tiene en cuenta que la última ocasión en que la consejera de este ámbito ha hablado de la infraestructura de Marotrell fue para lanzar un dardo a El Homrani al asegurar que eran una “vergüenza” los retrasos acumulados.
Búsqueda de alternativa pública
Desde grupos como Seat, la empresa colindante con el edificio del CFPA, mantienen la mano tendida a la Generalitat para sentarse y hablar con las consejerías que sean necesarias para redefinir otra vez cómo debe ser el centro de formación profesional. Por ahora, ni Trabajo, ni Empresa, ni Educación han dado ningún paso en este sentido.
Los sindicatos, por su parte, insisten en que el Gobierno catalán no puede tirar la toalla y debe estudiar una alternativa pública para que la infraestructura sea viable tal y como se diseñó hace casi una década. Ponen de ejemplo el centro de formación profesional Compte de Rius, que es el de referencia en la industria química.
Alternativas abiertas
La Generalitat no cierra por ahora ninguna alternativa. Incluso deja la puerta abierta a rehacer las condiciones de contrato para que el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) lance un nuevo concurso público antes de que termine el año. Todo dependerá de hasta dónde llegue el trabajo con Eurecat.