La empresa de seguridad privada Ombuds va a liquidación. La titular del Juzgado de lo Mercantil 13 de Madrid, Bárbara Córdoba, ha publicado una providencia en la que autoriza al bufete Baker Tilly a iniciar la búsqueda de ofertas interesadas en participar en el “proceso público y concurrente de venta anticipada y urgente” de la unidad productiva. Es decir, el total del negocio (incluida mano de obra) del grupo.
Entrar en esta etapa del proceso concursal ha generado de nuevo malestar en los trabajadores que aún están en plantilla. Recriminan las acciones que se han emprendido hasta la fecha y que no han conseguido reflotar a la compañía. Ni siquiera con el presunto mirlo blanco que el letrado que se ha tutelado la insolvencia, Ferran Zaragoza, prometía que existía y garantizaría el futuro de la sociedad.
‘Mochila’ del pasivo
Cualquier oferta con la que trabajara Baker Tilly no se ha logrado concretar. Se cumplen, de este modo, las previsiones sindicales en Ombuds de que las compañías de seguridad rivales que se habían interesado en el grupo no se acercaban para quedárselo. Como mínimo, no en esta parte del proceso concursal.
ADN Sindical ya señalaba hace un mes que el lastre del pasivo acumulado desincentivaba la adquisición. Sólo con Hacienda y la Seguridad Social, la mochila superaba los 29 millones de euros. Y la venta urgente de la unidad productiva propiciará una colocación sin ninguna deuda asociada, que es más interesante desde el punto de vista del comprador.
Pérdida de contratos
Tampoco ha sido bien recibido por los empleados de Ombuds que, en cierto modo, se les apunte como responsables del ahogo económico del grupo durante la quiebra. La magistrada reconoce en su providencia que la empresa de seguridad de la familia Cortina y el fondo JZI entró en suspensión de pagos por el “corte súbito y repentino de la financiación por parte del pool bancario de las líneas de factoring”, que llevó incluso al “impago de las nóminas de los más de 8.800 trabajadores”.
Los juzgados de Plaza Castilla de Madrid, donde se encuentra el Mercantil 13 que instruye la quiebra de Ombuds / CG
Ante esta situación, “muchos de esos empleados no acudieron a sus puestos de trabajo, lo que motivó la resolución de muchos contratos de prestación de servicio”. Esto ha derivado en la “pérdida del fondo de comercio y perjuicio para la masa activa, al constituir el principal activo de la concursada”.
Ingresos de 85 millones
La juez Córdoba reconoce de esta forma que de una facturación inicial próxima a los 200 millones, ahora Ombuds ingresa poco más de 85 millones. La masa laboral se ha reducido hasta las 3.000 personas y se han encendido de nuevo las alarmas al leer a fondo la última resolución del tribunal.
En ella, se indica que el grupo entra de otra vez en un “momento apremiante”. La magistrada justifica que si no abre la liquidación se generarán “más créditos contra la masa que no se podrán atender, de forma especial las nóminas de los trabajadores”. La visión concursal es que el escenario que se abriría sería el de una nueva oleada de huelgas que podría generar más pérdida de contratos. O, lo que es lo mismo, que el grupo de seguridad fuese menos atractivo para su colocación a un tercero.
Pago de nóminas
Los empleados temen que se queden de nuevo sin cobrar. Recuerdan que ya dependen del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para percibir la paga extraordinaria de verano que nunca les fue abonada. Dejan claro que no están dispuestos a asumir más inseguridad.
La liquidación concluirá el próximo 17 de diciembre. Será entonces cuando el Tribunal de lo Mercantil 13 de Madrid abra los sobres de las ofertas que le hayan llegado para hacerse con Ombuds y dejará el grupo en manos del que sea más generoso. El peaje económico para pujar por el grupo de seguridad se ha fijado en 200.000 euros.