La reunión del Consejo Ejecutivo de este martes ha servido para dar el disparo de salida de la futura ley catalana que regulará las 13 cámaras de comercio del territorio. El Gobierno de Quim Torra ha aprobado la memoria preliminar del anteproyecto de la normativa, un paso con el que activa una consulta pública de 15 días para recoger las aportaciones de los interesados en participar en el redactado.
El Consejo General de Cámaras de Comercio, el órgano presidido por Joan Canadell que aglutina los intereses de las instituciones territoriales, ya ha empezado a trabajar en las iniciativas que pretende trasladar a la Generalitat. De entrada, consiguió que la consejera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón (JxCat), dejase de lado el borrado en el que había trabajado en su día Jordi Baiget y que recogía trasladar a Cataluña el modelo estatal con una entidad fuerte central.
Sin presupuesto público
Esta conceptualización de una Cámara de Cataluña con poder surgió de la patronal nacionalista Femcat, históricamente próxima a la órbita de CiU y que luchó en las pasadas elecciones empresariales en Barcelona para presidir la institución cameral con la candidatura de Enric Crous. El resultado es conocido. El equipo de Eines de País, surgido de la ANC, se impuso y el Govern aceptó la tesis de que no se podía quitar poder al territorio. Algo que también se compartía de forma generalizada en las 12 cámaras restantes.
La consejera de Empresa, Àngels Chacón (c), junto al presidente del Consejo General de Cámaras de Comercio, Joan Canadell (c), y el resto de miembros de la institución / GENCAT
Con todo, Chacón paró los pies a los independentistas en su demanda de introducir una fórmula de financiación pública. La Generalitat no está dispuesta a consignar un presupuesto anual para el día a día de las organizaciones empresariales ni a explorar introducir en la ley un mecanismo parecido a las cuotas obligatorias que se cobraban con anterioridad. Cuestión que estaría al límite de sus competencias.
¿Ley en 2020?
Sí que ha abierto la puerta a “poner al día la cartera de servicios” y a “contribuir” a “superar las dificultades financieras que han supuesto para las cámaras la eliminación del recurso cameral permanente”. Desde el territorio se le reclama alguna fórmula que les el oxígeno económico que les ha faltado en los últimos años y ahora empieza el debate para saber hasta dónde puede llegar el Ejecutivo.
La adaptación de la Ley Básica de Cámaras estatal está pendiente de ejecutar en Cataluña desde 2014. Chacón se comprometió a disponer de un borrador de la normativa para diciembre, calendario que es más que posible que se cumpla. Mantiene el compromiso de aprobar la ley en 2020. Este extremo estará condicionado a un posible adelanto electoral en Cataluña.