El recibo del agua que pagan los 36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) será más caro a partir del 1 de enero de 2020. El culpable, el incremento del 5% de la tasa de tratamiento de residuos, la TMTR, que se aplicará el próximo 1 de enero y que se devenga en la misma factura de consumo del servicio básico del hogar.

La mayoría del Consejo Metropolitano ha dado luz verde a esta subida. El impacto final en el bolsillo de las familias no será homogéneo, ya que varía en cada una de las localidades del organismo supramunicipal. Se debe tener en cuenta que la TMTR es un gravamen lineal en que las bonificaciones son limitadas y sólo llegan en el 100% en el caso de que los servicios sociales acrediten que se trata de una familia en situación de vulnerabilidad o si se reciben ayudas del Fondo de Solidaridad de Aigües de Barcelona. Los beneficiarios del canon social de la Agencia Catalana del Agua (ACA) deben pagar igualmente el 50%.

Badia culpa a la Generalitat

Actualmente 1,2 millones de domicilios y 150.000 empresas pagan a través del recibo del agua el impuesto metropolitano, que cubre el 85% del coste del tratamiento. Según la vicepresidencia de Medio Ambiente, encabezada por Eloi Badia, es la Generalitat la culpable de que se tenga que aplicar el incremento. Señala que es consecuencia de que el canon aprobado por la Agencia de Residuos de Cataluña subirá a su vez el 14%, por lo que se debe repercutir de alguna forma a los beneficiarios de la recogida selectiva y el tratamiento de basuras.

Imagen de una planta de tratamiento de residuos / EFE

La subida de la tasa de tratamiento de residuos en el Consejo Metropolitano de este martes invalida la promesa de los Comunes de que el recibo del agua de las 36 localidades bajará el 4,95% a partir de enero. Este porcentaje se recoge en otra de las ordenanzas fiscales que han recibido luz verde en el plenario, la que fija la tarifa de suministro de agua potable.

Eloi Badia habla sobre la supuesta rebaja del precio del agua / CG

Propuesta “electoralista”

Durante la propia tramitación del punto del orden del día ya se advirtió de que esta cifra se trata de un cálculo aproximado. Y es que, tal y como avanzó Crónica Global, la Comisión de Precios ha desmontado el recorte al afirmar que invade competencias del ACA. De hecho, fuentes próximas al Gobierno metropolitano reconocen que se trata de un anuncio más con el foco puesto en el 10N que de impacto real sobre la ciudadanía.

Todo ello, en una jornada en que se ha explicitado la división en el Gobierno cuatripartito a raíz de una moción presentada por los independentistas y los Comunes que tenía como objetivo reprobar la sentencia del Tribunal Supremo a los políticos que organizaron el 1-O.

Moción independentista

La mayoría socialista del plenario --el grupo que lidera Antonio Balmón cuenta con 44 de los 90 consejeros-- frenó la propuesta junto a Cs, PP y Barcelona pel Canvi, la plataforma de Manuel Valls. El texto es el mismo que salió adelante gracias a los votos de ERC, JxCat y los Comunes en la Diputación de Barcelona, en que se habla de “juicio político” que ha acabado con una “sentencia que supone un recorte de los derechos y las libertades colectivas” y se afea con la misma ponderación al violencia ejercida por “manifestantes que han roto el espíritu pacífico de la sociedad catalana” y la de las “fuerzas de seguridad que han vulnerado principios básicos de intervención en seguridad”.

Estaba firmada por En Comú Guanyem, ERC, JxCat, Guanyem Badalona en Comú (próxima a la CUP), Ara Decidim Ripollet (CUP) y la plataforma ciudadana Compromís y Acord per Torrelles. A pesar de que la moción ha fracturado el Gobierno del AMB, se alega que el trabajo conjunto continuará en lo que queda de legislatura. De nuevo, pesa más en esta cuestión el disparo de salida de la campaña del 10N.