La población española apenas aumentaba hace décadas; ahora sí lo hace. De hecho se ha incrementado un 36% desde 1975, pasando de poco más de 36 millones de habitantes a casi 47. Pero ese aumento de habitantes se ve en las ciudades, no en el medio rural, desde donde los jóvenes continúan emigrando a los grandes núcleos en busca de oportunidades.
Hay provincias donde se nota especialmente ese descenso continuado e incesante de vecinos, entre las que destacan Soria, Teruel o Palencia, punteras en eso que se viene en denominar la España vaciada, aunque la provincia española que más población pierde no es ninguna de ellas, sino que es Zamora. La despoblación, en cualquier caso, afecta al medio rural de toda España en mayor o menor medida.
Amenazados por la extinción demográfica
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia castellano-leonesa de Soria ha perdido en esos 44 años al 23% de su población, mientras que Madrid y su comunidad aumentaba un 73%. El INE asegura que de los 8.124 municipios que existen en toda España, 4.983 están amenazados por la extinción demográfica.
De las 50 provincias españolas, registran descensos de sus habitantes Lugo y Orense (Galicia), Asturias, Zamora, León, Salamanca, Palencia, Soria, Segovia y Burgos (Castilla y León), Cáceres y Badajoz (Extremadura), Ciudad Real, Albacete y Cuenca (Castilla-La Mancha), Teruel (Aragón), Córdoba y Jaén (Andalucía), según ponen de manifiesto los datos del INE. El resto de territorio no pierde habitantes en su conjunto, pero quizá sí en determinadas zonas. La población se compensa con el ascenso en ciudades más grandes.
Otro dato que pone de manifiesto esa despoblación es la densidad, que es de 233 personas por kilómetro cuadrado en el conjunto de la Unión Europea, por 92 en España, siendo Castilla y León la comunidad con la densidad más baja del país: 26 individuos/km. La despoblación afecta al 88% de los municipios castellano-leoneses, que estaban más poblados en 1998 que en 2018. En el polo opuesto, las provincias que más población ganan son Baleares, Madrid y Santa Cruz de Tenerife. En Cataluña, Barcelona mantiene su población estable, aunque l’Hospitalet la incrementa sin cesar.
Medidas concretas
Las diversas asociaciones que se agrupan para encontrar soluciones a la pérdida de población, como Teruel existe o Soria ¡ya!, cifran en que atajar el problema costaría unos 10.000 millones de euros. En este sentido, el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, avanza posibles incentivos y ventajas fiscales para las empresas que se establezcan en el medio rural como una de las cuestiones que deberá recoger la futura Ley de Desarrollo Territorial y de Lucha contra la Despoblación, que ahora está en fase de participación.
Este texto aborda como posibles soluciones dos aspectos: la generación de actividad económica por la pérdida de población para lo cual Guijarro sugiere un "incentivo especial", ya que se entiende que la ubicación de las empresas en estos territorios genera "un sobrecoste y mayores dificultades para encontrar mano de obra". Y por otra parte, es necesario garantizar la prestación de servicios públicos en esas áreas, como las urgencias, la educación o la dependencia. "El Estado tiene el compromiso de llegar a las poblaciones mayores de 200 habitantes y desde el Gobierno regional queremos cubrir a los que tienen menos de 200”, apunta.
Regiones como Castilla-La Mancha se plantean también acciones a favor del fomento de la ocupación, plasmado en el Plan de Empleo regional, con una dotación de 52 millones de euros para hacer posible la contratación de 8.000 personas, además del aprovechamiento de los Fondos FEDER.
Soluciones consensuadas
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) enumera una serie de medidas para paliar una despoblación que ya ha movilizado al medio rural, la última vez a comienzos de este mes de octubre. Son soluciones para afrontar los “desafíos demográficos que convergen en la despoblación del medio rural”. Estas acciones que proponen pasan por diseñar y poner en marcha una estrategia estatal contra la despoblación, la elaboración de un mapa de las zonas de prioridad demográfica, la redefinición de la categoría europea de Zonas Escasa y Muy Escasamente Poblada, el reforzamiento del papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, la recuperación de la Ley de Desarrollo Sostenible y sus planes y, sobre todo, un compromiso por parte de todos los agentes para poner en marcha dichas acciones, además de promover activamente un proceso de simplificación administrativa y burocrática e incorporar de forma explícita a los presupuestos de cada ejercicio una estrategia demográfica, sin olvidar los incentivos fiscales, entre otras propuestas,
Estas medidas, lógicamente, deberán lograr el consenso de todos los actores implicados, que parece a priori lo más difícil. Bien es cierto que la concienciación sobre la despoblación del campo ha ido en aumento progresivamente, pero es la labor conjunta y la voluntad de todos la única opción que puede revertir la situación.
Estrategia baldía
La España vaciada lo que demanda, y así se refleja en sus actos de reivindicación, es una gran alianza contra la despoblación y un pacto de Estado que garantice igualdad en todo el territorio español, y no que el 30% del territorio concentre el 90% de la población, como ocurre actualmente. Como dicen las asociaciones, “queremos quedarnos a vivir en nuestros pueblos”, pero para eso hace falta ayuda.
El pasado 29 de marzo el Consejo de Ministros aprobó una nueva Estrategia Nacional frente al Reto demográfico, con el objetivo de combatir la despoblación en las zonas rurales, pero solo dos días después, 100.000 personas reclamaron en Madrid un gran Pacto de Estado contra la despoblación, que facilite que se repueble de manera efectiva y programada la España vaciada.