El Govern recupera el impuesto sobre las bebidas azucaradas

La Generalitat ha recuperado el impuesto sobre las bebidas azucaradas, una tasa que llevaba en el aire desde verano tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de anular el reglamento de la autoliquidación por un error formal. Se espera ingresar 40 millones de euros con el gravamen, a pesar de que el vicepresidente económico, Pere Aragonès (ERC), ha defendido de nuevo ante el Parlament que el objetivo “no tiene voluntad recaudatoria, solo busca mejorar la salud de las personas”.

La mayoría del plenario catalán ha convalidado el decreto ley que el Govern aprobó el pasado 10 de septiembre. Tal y como remarcan los portavoces de la vicepresidencia, el texto que ha recibido luz verde no introduce “ninguna modificación en el contenido” respecto a la normativa anterior.

Críticas al TSJC y a las empresas del sector

Aragonès también ha cargado contra el TSJC por certificar que existían defectos formales en la tramitación del impuesto. “No lo compartimos en absoluto”, ha asegurado. En cuanto al las empresas que recurrieron la tasa, las ha tildado de nuevo de “oligopolios” que buscaban “tumbar el reglamento no por un defecto de forma” sino porque “les molesta a la hora de maximizar sus beneficios”.

Botellas de bebidas azucaradas envasadas / CG

El republicano mantiene de este modo la pugna contra las asociaciones de la industria (FIAB y Promarca), de la distribución (Anged, Asedas, Aces) y las de restauración (Marcas de Restauración) que llevaron el impuesto catalán ante el TSJC. Las mismas que insistieron en su día que se trataba de un gravamen “inconstitucional por vulnerar los límites sobre las competencias tributarias” de las autonomías.

 Nueva impugnación

Cabe tener en cuenta que la pugna judicial sobre el primer reglamento anulado aún está viva. La Generalitat presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que aún se debe pronunciar sobre la pulcritud de la resolución anterior. Además, se espera que el nuevo reglamento también sea motivo de una impugnación.

El Gobierno mantiene el periodo impositivo entre los días 1 y 20 del mes siguiente a cada trimestre. A pesar de que el TSJC anulara el reglamento de la tasa, la Generalitat nunca la ha dejado de cobrar por considerar que la resolución judicial no era firme. Por esto no se espera un impacto en la recaudación del ejercicio en curso.