La juez embarga la sede de Qrenta

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 37 de Barcelona, Maria Millán Gisbert, ha dado luz verde al “embargo preventivo” de la sede de la agencia de valores Qrenta, un despacho situado en un principal de la avenida Diagonal. Acepta de este modo la medida cautelar que había solicitado el despacho Iuris Factor para garantizar que la firma tiene fondos para responder que ante una “eventual condena dineraria” por la pérdida del patrimonio que había gestionado de los clientes a los que representa.

Se trata de otro revolcón judicial contra la firma de inversión liderada por Jordi Martí y la antesala de la demanda por lo civil que había anunciado el bufete catalán. La causa discurrirá de forma paralela a la querella penal impulsada por la socia de CHR Legal María Jesús Hernández Elvira, en que se acusa a la cúpula de administración desleal y estafa, y de la causa mercantil de otros 12 afectados que corre a cargo de los letrados Eduard Magri y Sergi Font.

Colchón de 1,4 millones

La juez Millán no entra en el fondo de la cuestión sobre los presuntos engaños en los que habrían incurrido los agentes de Qrenta para mantener la actividad de la agencia, pero sí que se muestra muy dura a la hora de habilitar el colchón de 1,4 millones que Iuris Factor podrá obtener si llega a obtener una sentencia favorable a los intereses de sus clientes con el activo inmobiliario en cuestión.

La Ciutat de la Justícia, donde deberá declarar la cúpula de Qrenta tras la admisión a trámite de la segunda querella penal / MA

El auto publicado, al que ha tenido acceso Crónica Global, certifica los problemas económicos actuales de la firma de inversión que se han intentado negar a lo largo de todo el verano. La defensa de la compañía fundada por Martí alegó que el préstamo de 250.000 euros que firmó en verano con Bankinter era una muestra de solvencia de la compañía en la vista de medidas cautelares, algo que se desestimó de frente.

Fiscalía Anticorrupción

“Dicho contrato solo confirma que la finca de autos es garantía suficiente para responder de 250.000 euros, intereses, gastos y costas”, indica la magistrada en su escrito, “no que la actora sea solvente”. En este sentido, deja claro que “el hecho de que haya necesitado un préstamo demuestra que tiene necesidad de liquidez”.

Tanta, que casi de forma paralela a que se celebrase la vista en Barcelona, la cúpula de Qrenta decidió en una junta de accionistas extraordinaria “cesar la actividad de la sociedad y renunciar a la autorización para poder trabajar como Agencia de Valores de la CNMV”. Así lo indica un segundo escrito que el despacho Iuris Factor ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue si se ha incurrido en alguna ilegalidad en hipotecar la finca con la causa judicial en marcha.

Falta de transparencia

Se advierte de que la operación se rubricó cuando Martí y sus socios ya eran conocedores de que se había solicitado el embargo preventivo para que pudiese responder a los afectados si la demanda civil resulta ser condenatoria. Este es el gran objetivo de esta acción judicial del bufete de Barcelona, que los clientes a los que representa recuperen las cantidades que perdieron por la gestión de Qrenta.

La Bolsa de Barcelona / CG

Alegan que los agentes no fueron transparentes en la información que daban y que se saltaron los requisitos de vehicular inversiones tranquilas con poca exposición al riesgo de sus representados. Todos ellos tenían una exposición mucho más elevada de lo que conocían y habían sido notificados a unas compañías muy concretas del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), las mismas en que la cúpula de la agencia estaba en los consejos de administración.

Además, explican que cuando pedían que se vendiesen bonos de las compañías y se apostara por otro tipo de valores, incluso de renta fija, se les reinvertía las mismas cantidades en las mismas sociedades a través de las sicav con los que operaba el grupo. Cuestiones todas ellas que estarían al margen de la ley y que se deberán demostrar ante los tribunales.

Segunda querella por estafa

También ante el Juzgado de Primera Instancia número 37 de Barcelona y el de Instrucción número 3 de la misma partida judicial. Es allí donde se instruye la querella contra la cúpula de Qrenta de CHR Legal a la que también se ha añadido Iuris Factor.

Este mismo jueves el despacho ha presentado una segunda causa en la que acusa a Jordi Martí, David Albacete, Javier Condomines, Alberto Vidal Hausmman, Helena López, Jaume Miquel y a la sociedad Partisu XXI Group de estafa, administración deselal, alteración de precios y corrupción entre particulares. Está pendiente de ser admitida a trámite, aunque tiene muchas posibilidades de que prospere.