El caso TransPerfect, uno de los mayores conflictos accionariales de la historia de Estados Unidos, puso en riesgo más de 5.000 empleos en todo el mundo, 500 de ellos en las oficinas de Passeig de Gràcia en Barcelona.
El caso ha puesto de manifiesto la corrupción existente en las instituciones judiciales del Estado norteamericano de Delaware, sede original de TransPerfect hasta que tuvo que huir a Nevada en busca de un trato más justo.
Prácticas sospechosas
En los últimos años se ha realizado un seguimiento detallado de las diferentes artimañas empleadas por parte de la Cancillería Judicial del Estado de Delaware, con el juez André Bouchard a la cabeza, para favorecer a los “Old Boys” de Delaware. Prácticas que han visibilizado una gestión deficiente, opaca y manipulada en favor de un poderoso círculo de personas.
Es importante destacar el orígen del Caso TransPerfect. Se trata del momento en el que el juez decretó la venta forzosa de una compañía privada con beneficios, los más de 250 millones de dólares gastados en abogados y consultoras a petición de Bouchard, la ocultación deliberada de los archivos del caso una vez resuelto o las facturas sin desglosar pagadas a bufetes de abogados afines al juez, que aún siguen llegando cinco años después.
Malas críticas y descontento ciudadano
Esta batería de controvertidas acciones le han costado al Estado de Delaware multitud de críticas y denuncias desde diferentes estratos de la sociedad estadounidense. En los últimos años, Delaware ha caído de la primera a la decimoprimera posición del ranking elaborado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que evalúa la transparencia y la imparcialidad de los Estados a través de encuestas a empresarios, abogados y ciudadanos.
Además de haber suspendido la valoración del Centro de Integridad Pública de Estados Unidos, el departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando al equipo judicial que gestionó el proceso de venta de la compañía por presunta discriminación durante 2017, cuando la empresa estaba bajo su control. Asimismo, una encuesta de opinión publicada en los últimos meses por la agencia Slingshot Strategies ha revelado un descontento generalizado por parte de los ciudadanos del Estado de Delaware con la gestión del actual gobierno.
Presión publicitaria
Ante esta situación de presunta corrupción y de clara opacidad gubernamental, son ya miles las voces que se han pronunciado a favor de un gobierno más transparente, unas instituciones judiciales que representen a la población y no solo los intereses de unos pocos.
Concretamente, la asociación ciudadana Citizens for a Pro Business, que ha abanderado la lucha ciudadana por devolver a Delaware al terreno de la transparencia y la competitividad, ha activado una campaña en la que a través de la ironía pone el punto de mira en la Corte Suprema y en especial en André Bouchard.
Acción ciudadana
“Si facturas millones como abogado empresarial, te gusta gastar miles de dólares en lujosas cenas y te gusta conducir coches que cuestan cinco veces más de lo que gana anualmente el ciudadano medio de Delaware, parece que eres el candidato perfecto para convertirte en Juez de la Corte Suprema de Delaware”, dicen, y concluye el video con un rotundo “nuestra Corte Suprema debería ser representativa de las personas a quienes sirve”
Por otro lado, Shirley Shawe, accionista de TransPerfect y una de las voces más críticas con la gestión del juez Bouchard, también ha querido arrojar luz sobre la situación y ha sufragado una campaña publicitaria de TV en los Estados de Iowa y New Hampshire con el objetivo de incrementar la notoriedad del problema que azota a una de las Cortes Judiciales más poderosas del país.
Carencias graves en la Corte Suprema de Delaware
La pieza publicitaria presenta al Senador estadounidense Joe Biden y a la profesora de Harvard, Elizabeth Warren, en una disputa parlamentaria de 2005. La pieza, editada, y con una voz en off que remarca el mensaje, presenta el siguiente diálogo:
“¿Está usted sugiriendo que la Corte Suprema de Delaware no es una corte competente o transparente? ¡Correcto, Joe Biden! Es por ello que ha sido valorada en la posición 48 de 50 por parte de Centro de Integridad Pública en áreas fundamentales como transparencia y contabilidad”.
La pieza también subraya algunas de las carencias de la Corte Suprema de Delaware como son no tener cámaras en las salas judiciales, no reportar las ganancias de los jueces, no tener trazabilidad de los documentos administrativos y no presentar restricciones a la incorporación de jueces que provienen del sector privado.