El administrador concursal de Ombuds, Baker Tilly, ha anunciado este jueves que alterará el orden legal de los pagos previstos para que los vigilantes puedan cobrar parte de las nóminas atrasadas. Concretamente, las que corresponden a los últimos 30 días de trabajo efectivo siempre que la cuantía no supere el doble del salario mínimo interprofesional (1.800 euros).
Así lo ha comunicado en una reunión que ha mantenido con los sindicatos UGT y CCOO. No han sido invitados al encuentro otras organizaciones del grupo de seguridad privada, como la mayoritaria en Cataluña, ADN Sindical.
Líneas de factoring
Los representantes del bufete han explicado a los sindicatos presentes que trabajan con el objetivo de “reactivas por completo” las vías de obtención de ingresos de la compañía. Confía en llegar a este escenario para liquidar todas las deudas salariales. Cabe tener en cuenta que los Cortina y el fondo JZI no pagaron ni liquidaron las aportaciones a Hacienda ni a la Seguridad Social de las retribuciones de junio y julio ni la paga extraordinaria de verano a sus casi 8.000 trabajadores.
Los vigilantes de seguridad confían en la reactivación de las líneas de factoring de Banco Santander. La juez que se ocupa de la quiebra de Ombdus, Bárbara Córdoba del Juzgado de lo Mercantil 13 de Madrid, obligó a la entidad presidida por Ana Botín a abrir de nuevo el grifo del crédito a la compañía al certificar que no se había notificado de forma correcta que se procedía a su resolución.
Contratos de servicios
Se dirigió al Santander en su condición de banco agente, aunque la petición también se dirige al resto de grupos financieros del pool. Fuentes jurídicas señalan que esta decisión propiciará una ventana de oportunidad limitada al administrador concursal de Ombuds para conseguir fondos para la compañía. Las entidades tienen la posibilidad de abrir el factoring y proceder a cerrarlo de nuevo, en esta ocasión sin los errores administrativos anteriores.
Baker Tilly también apunta a que recibirá ingresos de los contratos de servicios. Denuncia que su “cumplimiento ha sido y está siendo obstaculizado” y avanza que solicitará el “auxilio judicial” para conseguir que los vigilantes continúen en sus puestos de trabajo.
Huelga en Cataluña
En este punto cabe recordar que todos los empleados en Cataluña entraron a mediados de julio en una huelga indefinida que ha sido secundada casi de forma total. Como no se prestan algunos servicios se incumplen los contratos, por lo que se ha llegado a varias resoluciones. De hecho, han surgido conatos de conflictos en las empresas que se han frenar el proceso como es el caso del Institut Municipal de la Vivenda i la Rehabilitació del Ayuntamiento de Barcelona.
Los vigilantes de seguridad mantendrán las protestas hasta que no consigan el reembolso de la totalidad de los impagos de Ombuds.