El Gobierno liquida la huelga de El Prat con servicios mínimos del 90%

El Gobierno ha fulminado la huelga de vigilantes de seguridad del aeropuerto de El Prat convocada a partir del viernes, 9 de agosto. La delegación del Ejecutivo en Cataluña ha decretado servicios mínimos del 90% durante el paro indefinido, según ha avanzado La Vanguardia. Esta exigencia de fuerza de trabajo deja bajo mínimos el impacto de la protesta, a la que están llamados los 500 trabajadores de la empresa Trablisa que comandan los filtros de seguridad del segundo mayor aeropuerto español.

La resolución de la delegación que comanda Teresa Cunillera fija un 90% de asistencia obligatoria a puestos de trabajo para el personal de vigilancia y servicios de Transportes Blindados SA (Trablisa) El comité de empresa del centro de trabajo ha entrado una convocatoria de huelga tras amagar con otra movilización a principios de julio. El anuncio de un paro indefinido en los arcos de seguridad del aeropuerto de El Prat causó estupor, ya que en la mente de los viajeros está grabada la protesta del personal de Eulen en 2017, que tensó las costuras de la infraestructura con largas colas ante los controles. Finalmente, el Gobierno desplegó a la Guardia Civil en los accesos antes de que personal y empresa aceptaran un laudo de obligado cumplimiento.

Los mismos servicios mínimos que en 2017

Ahora, el Ejecutivo se ha puesto la venda antes que la herida y obligará a acudir a sus puestos de trabajo a nueve de cada diez empleados de los controles de acceso al lado aire del aeropuerto. Esta medida ha sido recibida con opiniones dispares por parte de empresa y trabajadores. La primera ha celebrado que los servicios mínimos "garanticen tanto los derechos sindicales de los trabajadores como los derechos de los ciudadanos”. Asimismo, ha recordado que esta resolución vaya en línea con anteriores convocatorias de huelga. Por su parte, los huelguistas han criticado que el acta "vulnere el derecho a los paros" y que "no se pueda cumplir ni trayendo al personal que está de vacaciones o de baja".

Lo cierto es que la resolución dictada por la delegación del Gobierno es idéntica a la emitida en agosto de 2017, cuando el personal de Eulen --el mismo que ahora trabaja con Trablisa-- entró en huelga indefinida tras participar en paros parciales a finales de julio y principios de mes. En aquella ocasión, el Ejecutivo argumentó que el transporte aéreo es un sector "estratégico" en el que se deben fijar servicios mínimos superiores a los que tocarían, ya que "el trabajo de un número relativamente reducido de empleados conlleva un efecto multiplicador" del impacto de una protesta.

A la greña por las condiciones

Cabe recordar que los vigilantes de seguridad de El Prat están en franco conflicto por las condiciones salariales y laborales. Reclaman pluses equivalentes a los que se perciben en otros aeropuertos, formación a cargo de la empresa y flujos de trabajo más organizados para evitar el efecto burn-out en los filtros. Desde la última protesta convocada cuando el grupo Eulen era la concesionaria del servicio, los profesionales trabajan en rotaciones de 20 minutos: 20 en el escáner, 20 en los registros y 20 en el control aleatorio de explosivos. Ello les impide, siempre según los propios empleados, hacer pausas para comer o ir al baño.

En el otro lado de la mesa se sienta Trablisa, la firma que logró la concesión del servicio de arcos detectores del segundo mayor aeropuerto español en mayo de 2018. En aquel momento ya se produjo un primer intento de boicot por parte de otras empresas de seguridad, pero la firma lo superó. Tras esa etapa el comglomerado multiservicios --gestiona los filtros mediante dos mercantiles, una para los vigilantes y otra para los auxiliares de gestión de accesos-- sí se ha enfrentado a distintas convocatorias de huelga. Las pudo evitar in extremis, pero la indefinida del viernes se mantiene tras varias reuniones fallidas entre ambas partes. Es en este punto cuando ha intervenido el Gobierno, zanjado una movilización que se producirá en plena operación salida.