Los 'riggers' de Fira se aferran a la Justicia para conservar sus trabajos

Los riggers que estaban contratados por Fira de Barcelona asumen que su situación actual es "complicada" y ponen la mayor parte de sus esfuerzos y esperanzas en la Justicia. A la denuncia interpuesta por vulneración del derecho de huelga de julio, han añadido el documento con el que se finaliza el acuerdo entre la institución y la UTE Rigging, el grupo que les da empleo. 

El contrato entre Fira y esta compañía finalizó hace unos meses, aunque se firmó una prorrogación de los servicios de montaje hasta el próximo octubre. En este tiempo se debe desarrollar el nuevo concurso de licitación. Sin embargo, tras la huelga de los empleados y las amenazas de paralizar el Sónar, Fira de Barcelona decidió acabar con la relación laboral. Con los consiguientes despidos de toda la plantilla, unas 70 personas.

Una situación "complicada"

El Col·lectiu Ronda, el bufete que lleva a cabo la defensa legal de los montadores de elementos aéreos de escenarios, expone que los riggers podrían enfrentarse al juicio por vulneración del derecho a huelga --que se celebra en septiembre-- en pleno proceso de negociación del despido colectivo. Se muestran convencidos de que "hubo una práctica de esquirolaje brutal" por parte de la institución aunque reconocen que, en el "probable" caso de que se les dé la razón, se les reconocería "el derecho de un trabajo que ya no tienen". 

"UTE Rigging es, como dice su nombre, una unión temporal de empresas que se creó para dar servicio a Fira de Barcelona", razón por la cual la rescisión de contrato lleva aparejada su desaparición. "No está concebida para otro empleo", añaden los letrados. Una vez se haya comunicado a los trabajadores el despido colectivo --que aún no se ha hecho, pero que acontecerá de forma inminente-- se abrirá el periodo de 30 días de consultas y se estudiarán las negociaciones y alegaciones que se pueden llevar a cabo. 

Segunda impugnación de los 'riggers'

Los montadores de escenarios impugnarán ante los jueces la decisión de Fira de rescindir el contrato y, posiblemente, también la contratación del servicio de rigging evento por evento para cubrir las necesidades del grupo hasta que se adjudique de nuevo el servicio. Desde su punto de vista, no se dan ninguno de los dos supuestos que marca la Ley de Contratación del Sector Público para acabar de forma unilateral con el acuerdo de trabajo. Estos dos supuestos son la preservación de un "bien general superior" o la existencia de errores no subsanables en el propio pliego de licitación.

No es lo mismo que se defiende desde la institución. Ha cancelado la prórroga de la licitación en curso “por razones técnicas” y abre un nuevo proceso. Además, rechaza de frente las pretensiones de la plantilla de que el pliego de condiciones del futuro contrato obliguen a la subrogación de los empleados. Mantiene que es "ilegal". 

Respecto a la contratación puntual de riggers, los trabajadores han decidido no colaborar con ninguna de las empresas que se ofrezcan a Fira de Barcelona para darles el servicio. "Es la única forma de fuerza que tenemos", explica Isaac Flix, portavoz del sindicato de montadores. "No hay tantos empleados con experiencia en Barcelona", alega, "así que tendrán que traerlos de fuera como hicieron en el Sónar [contactaron con una empresa de Portugal] o contratar a riggers sin experiencia".

Nuevas medidas cautelares

La posibilidad de mantener el trabajo pasa por que, judicialmente, se impida que Fira de Barcelona ejecute la restricción de contrato con UTE Rigging y su plan de contratar el servicio ad hoc. A pesar de que los abogados aún tienen que estudiar el procedimiento, valoran como muy probable la petición de esta acción mediante la demanda de medidas cautelares. Eso sí, reconocen que "de entrada, no es fácil que se concedan".

El colectivo ya intentó el mismo proceso en la primera denuncia contra Fira de Barcelona que presentaron. Sin embargo, el magistrado del juzgado de lo social número 27 de Barcelona, Santiago Vidal, desestimó la petición de los riggers al alegar a las consecuencias "irreparables" que tendría la cancelación del Sónar, evento que se montaba cuando estalló el conflicto. 

Mutismo del consejo de Fira

Los trabajadores también se reunieron con el Ayuntamiento de Barcelona el pasado 31 de julio. Reconocen que el encuentro "no sirvió de gran cosa" y denuncian que durante todo el conflicto ha habido un "silencio y hermetismo absoluto" por parte del consistorio, la Generalitat y de la Cámara de Comercio, tres instituciones públicas que forman parte del consejo de Fira de Barcelona.

Es más, no están muy convencidos de que esta relación con la Administración local cambie ya que "desde que todo este conflicto empezó, el ayuntamiento solo se ha pronunciado una vez y fue para felicitarse por la celebración del Sónar". "Hacia nosotros no ha habido ningún intento de diálogo", aseguran. Por ello, se agarran a las decisiones que puedan tomar los jueces.