La plantilla de Ombuds ha reaccionado de forma airada contra la decisión que ha tomado la magistrada del Juzgado de lo Mercantil 13 de Madrid, Bárbara Córdoba, de frenar la oleada de rescisiones de contratos que se había iniciado en la compañía. Especialmente en Cataluña, donde la huelga indefinida que empezó a mediados de julio ha paralizado los servicios.

La magistrada, la misma que decidió que Artiach no tenía la exclusividad para fabricar galletas de dinosaurios, o que anuló la obligación de Ryanair de llevar impresa la tarjeta de embarque o pagar 40 euros cuando estaba en Barcelona, asegura que esta es la única alternativa para “facilitar la continuidad de la concursada y el convenio de acreedores”, tal y como consta en al auto de bien necesario dictado el 31 de julio. El problema es que la persistencia de los contratos frena la subrogación de los trabajadores a otras empresas de seguridad.

Cobro de las nóminas

Esta era la alternativa que se buscaba desde Cataluña para conseguir que los más de 300 empleados del grupo de seguridad privada pudiesen recuperar sus nóminas de junio, julio y la paga extraordinaria que debían percibir a mediados del mes pasado. Ya se consiguió en Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), donde Prosegur y Astra Sistemas se han repartido el contrato, y se estudiaba en el resto de compañías.

No se trataba de una transición sencilla, ya que la empresa que asumiera de nuevo el contrato debía liquidar los atrasos de las retribuciones acumuladas si se aplicaba la vía habitual. El auto de la magistrada Córdoba se ha conocido en plena negociación entre las partes para ver cómo se podía realizar la migración de la plantilla sin heredar los problemas económicos de Ombuds.

Colapso de servicios

Así ha ocurrido en la Ciutat de la Justícia o el Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona. Los trabajadores advierten de que el frenazo de esta vía puede llevar a un nuevo colapso de estas instalaciones, ya que al no ser servicios esenciales la Generalitat no puede fijar una atención mínima durante la huelga.

El administrador concursal, el bufete Baker Tilly, ha asegurado a CCOO y UGT que estudiará en los próximos siete días una fórmula posible para que los más de 8.000 empleados de Ombuds en todo el país puedan cobrar las nóminas atrasadas. Incluso cuenta con un despacho para la asesoría laboral del proceso, el bufete Oleart Abogados.

Rechazo del plan en Cataluña

El sindicato profesional mayoritario en Cataluña, ADN Sindical, no ve con buenos ojos esta promesa. Teme que se trate de un nuevo brindis al sol para la plantilla y critica que el objetivo final sea buscar la viabilidad del grupo y no que los trabajadores cobren.

Mientras, la huelga indefinida en Cataluña sigue su curso con cada vez más adhesiones. Los trabajadores muestran su desconfianza en que la compañía pueda recuperar la viabilidad y reconocen que están preocupados por sus respectivas situaciones económicas. Temen que el concurso se eternice y que la administración sea incapaz de encontrar una solución. Por esto prosiguen las protestas.