La banca, el sector donde el fracaso de la lista negra de la ANC es más profundo

Consum Estratègic, la base de datos de la ANC para encontrar empresas afines a la secesión catalana, pincha especialmente en el sector financiero: ninguna de las entidades bancarias recomendadas por el independentismo --la mayoría de ellas son cooperativas de crédito-- se ha atrevido a formar parte de la lista blanca. Aunque sus impulsores lo niegan, la relación, en realidad, persigue señalar a las empresas ausentes como colaboracionistas con el Estado represor; o sea, crea una lista negra. 

Caixa d'Enginyers es la entidad más importante del sector a la que los independentistas recomiendan trasladar los ahorros, sobre todo después de que Banc Sabadell y Caixabank tuvieran que trasladar fuera de Cataluña sus sedes sociales ante la posibilidad de que las intentonas secesionistas las dejaran fuera del paraguas del Banco Centro Europeo (BCE) y del euro. El presidente de la cooperativa, Josep Oriol Sala, reconoció que la crisis de octubre de 2017 impulsó el crecimiento en número de clientes-socios un 12,5% al cierre de ese mismo año. 

Adscripción voluntaria

Ninguna de las entidades financieras consideradas afines o recomendables forma parte de la lista de Consum Estratègic que impulsa la ANC. El buscador funciona de una forma muy sencilla: se selecciona un código postal y un ámbito de actividad, y a partir de ahí aparecen las alternativas de cada sector. No aparece ningún banco, ni a través del código postal de la capital de provincia ni tampoco a través del municipio o distrito de ciudad donde tienen la sede social. 

La adscripción a esta lista de empresas afines es voluntaria, con lo que la entidad que preside Elisenda Paluzie no puede añadirlas a la base de datos sin su consentimiento. Ninguna de estas compañías quiere aparecer en la lista, en cuyas búsquedas solo se encuentran una cincuentena de pymes de otras actividades económicas. 

¿De qué bancos se trata?

Caixa d'Enginyers se ha convertido en la entidad financiera más grande de Cataluña desde la marcha de Sabadell, Caixabank, Mediolanum, Arquia Banca y Degroof Petercam. Esta cooperativa de crédito cuenta con 187.000 clientes-socios y cerró 2018 con 11,2 millones de euros de beneficio, el 8,81% menos que en el ejercicio precedente.

Otra de las que se negó a irse durante la inestabilidad política causada por el procés fue la cooperativa de crédito Caixa Guissona. Este pequeño banco, que cuenta con un beneficio neto de 4,3 millones en 2018, con una caída del 7,6%, y solo cinco oficinas (en Barcelona, Reus, Lleida y Guissona), se convirtió en la segunda entidad por tamaño en la comunidad autónoma tras la marcha de las demás a otras ciudades de España.

Otras entidades 

Estas dos, aunque las más grandes en territorio catalán, no son las únicas que el secesionismo considera adecuadas, a pesar de quedar fuera de la lista de la ANC. Un documento de los CDR de Sant Quirze del Vallès, CDR Terrassa y CDR Vilatorrada da por válidas las entidades Coop57, Oikocredit o la balear Caixa Pollença (que consideran catalana por estar establecida en una comunidad autónoma en la que se habla catalán).

De la misma forma, la exdiputada de la CUP Mireia Boya aprovechó el llamamiento que hizo la ANC para retirar de forma masiva efectivo de bancos como Caixabank o Sabadell para pedir a los afines que, a la vez, cambiaran de entidad. La exlíder antisistema proponía mover los ahorros a Coop57Catalunya o Caixa d'Enginyers, además de otras alternativas de fuera de Cataluña. 

Polémicas

Consum Estratègic se ha visto envuelto en más de una polémica. La última se ha producido tras la denuncia de Foment del Treball ante la Autoritat Catalana de la Competència (Acco). La patronal considera que la campaña es una conducta anticompetitiva. El presidente de la entidad, Josep Sánchez Llibre, tachó de "irracional" este buscador de empresas y lo calificó de ser un instrumento para organizar un  "boicot" que va contra los intereses de la ciudadanía y las empresas.

En la denuncia, Foment plantea que la estrategia de la ANC a partir de un registro público de empresas comprometidas es "contraria a la buena fe, falsea la libre competencia en el mercado y afecta al interés público". La demanda afirma que la ilegalidad "se manifiesta por la gravedad, notoriedad e importancia cualitativa y cuantitativa de sus consecuencias reales y potenciales para la competencia en el mercado".