Ombuds ha entrado formalmente en situación concursal. La empresa de vigilancia de seguridad privada de la familia Cortina y el fondo estadounidense JZI ha anunciado a los trabajadores que los Juzgados Mercantiles de Madrid han empezado a tramitar su quiebra. Culpan a la banca con la que trabajaban de provocar su insolvencia.

El grupo mantiene que ha llegado al colapso porque Banco Santander, Caixabank, Bankia y Credit Agricole decidieron de forma unilateral cerrarle las líneas de financiación de circulante en junio. No hacen ninguna mención a los problemas económicos que arrastran desde hacía tiempo y que les propició, entre otros, un lugar en la última lista de morosos de la Agencia Tributaria. La deuda con el fisco llega a los 2,8 millones de euros.

Socio inversor

Tampoco reconoce la acusación que le hacen los trabajadores. La plantilla indica que había conseguido contratos con bajadas temerarias con el objetivo crecer en volumen en el país y que esto ha provocado su ruina.

La cúpula de la empresa mantuvo a lo largo de la semana pasada varias reuniones con el pool de entidades para explorar alguna alternativa que les diera un balón de oxígeno económico, pero la negociación fue infructuosa. Consiguió el mismo resultado al intentar encontrar a un socio inversor. Ombuds había anunciado a los sindicatos que una empresa estaba interesada en invertir y que les aseguraría su continuidad, pero la entrada de fondos nunca se materializó.

Acuerdo o liquidación

Por todo ello, los Cortina no han esperado a que concluyera el plazo que otorga el preconcurso de acreedores para buscar una fórmula que le diera viabilidad. Ahora se muestran confiados en poder conseguir un acuerdo con sus deudores “en un tiempo reducido”. Los casi 8.000 empleados que tiene en España también forman parte de la lista de gente a la que deben dinero, ya que no han podido pagar ni la nómina de junio ni la paga extraordinaria de julio.

Es uno de los escenarios en los que trabaja, tal y como ha informado en la carta remitida a la plantilla. Ombuds reconoce que si es incapaz de reestablecer las líneas de factoring irá directa a la liquidación. Si se llega a este punto, avanza que dedicarán “todos nuestros esfuerzos juntamente con la Administración Concursal a transmitir las unidades productivas a empresas con demostrada experiencia”.

Pérdida de contratos

El gran reto del juez que tutele el concurso de Ombuds es el de mantener el grueso de los puestos de trabajo de la empresa de seguridad privada. Pero se encontrará con menos concesiones que antes de reconocer la quiebra. La huelga indefinida que ADN Sindical convocó en Cataluña por esta situación ya ha provocado rescisiones de servicios.

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha notificado este miércoles que ha seguido los pasos que se incluyen en la Ley de Contratación Pública para dejar caer la licitación, en línea con el expediente por incumplimiento de “condiciones esenciales” que se había cursado. El documento concluye que Prosegur se debe quedar con el servicio de vigilancia de la línea Llobregat-Aonia y Astra Sistemas la que une Lleida y La Pobla de Segur.

Ambos grupos participaron en el procedimiento de licitación anterior y quedaron las segundas clasificadas. Se les adjudica el servicio por un procedimiento de urgencia.