Un pacto interno, “una concertación social”, que promueva un aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) en Cataluña, al margen de las decisiones que pueda tomar el Gobierno español. Es lo que propone el consejero de Economía, Pere Aragonès, que ha analizado la situación de la economía catalana en un acto en la Cruz Roja. La idea del vicepresidente de la Generalitat es que se puede incidir, para lograr ese aumento en el salario mínimo, en el ámbito privado, además de en el sector público. El objetivo es superar los 900 euros que marcó el Gobierno de Pedro Sánchez. “En tres meses vamos a impulsar, con una concertación social, con los consejos laborales y los sindicatos, a través de los convenios colectivos, una mejora del salario mínimo”, ha señalado Aragonès en el auditorio de la Cruz Roja, con la plana mayor del departamento de Economía, y con los líderes sindicales, Javier Pacheco (CCOO), y Camil Ros (UGT).
Con un propósito claro, Aragonès busca poner sobre la mesa todo lo que ha realizado su departamento en los últimos años, con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas que, si se cumplen los objetivos de ERC, se anticiparán. Sin presupuesto en el horizonte, con un bloqueo institucional y político en el Parlament, los republicanos intentar vender su gestión, a partir también de la realidad de la economía catalana, que crece ya a un menor ritmo que en los últimos años.
La polémica
La propuesta, muy influida por sus cuitas electoralistas con sus socios de gobierno, será muy polémica. Los empresarios españoles pusieron el grito en el cielo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la subida a 900 euros con el argumento de que terminaría lastrando la creación de empleo.
Los últimos estudios, como el del BBVA del miércoles, señalan que el incremento no se ha notado en la contratación, dado que las empresas han terminado por absorber ese aumento del coste en sus márgenes.
Controlar el déficit, sin presupuesto
Esa realidad pasa por los nuevos ajuestes ante un menor crecimiento europeo, y una moderación de las exportaciones. Si en 2018, el PIB creció un 2,6%, para este año la previsión es del 2,2%, en el contexto de una cierta parálisis en el conjunto de la Unión Europea.
¿Pero qué ofrece el vicepresidente Aragonès? Con la dificultad de aprobar un nuevo presupuesto, y con las cuentas prorrogadas desde 2017, esa situación ofrece también algunas ventajas, y es que se controla el déficit y el gasto. En 2018, el déficit de la Generalitat fue de 1.025 millones de euros, un 0,44% del PIB, lo que representa un 17,6% menos que el año anterior.
El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès / CERCLE D'ECONOMIA
Anticipos de ingresos
Los ingresos no financieros han aumentado un 34% en 2018, y el gasto un 2%. Por ello, por primera vez en los últimos años, tras la crisis, la Generalitat cumplirá con los objetivos de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.
Aragonès, sin embargo, considera que no se puede mantener esa situación, y que el objetivo para el año próximo, fijado por el Gobierno y para todas las autonomías, del 0% de déficit, “se debería flexibilizar”. Y también se deberían entregar “los anticipos de ingresos para las autonomías”, a falta de la actualización del modelo de financiación autonómica, que se debería haber retocado en 2012, con siete años ya de demora, sin que se pueda vislumbrar un cambio todavía, a falta de la constitución de un nuevo Gobierno en la Moncloa.
PIB per cápita, como en 2007
El consejero de Economía ha dado cuenta del informe anual de la economía catalana en el auditorio de la Cruz Roja, para mostrar que se busca “una mayor complicidad con la sociedad y con las entidades que conocen la economía real”.
Una de las cuestiones que se destaca es que Cataluña ha recuperado el PIB per cápita anterior a la crisis. Si el PIB se había recuperado en 2017, en cambio el PIB por habitante era inferior. Ahora, con los crecimientos de 2018, eso se ha conseguido. Se trata de un PIB un 13% superior a la media de la UE. Y en cuantía significa unos 32.000 euros.