El secretario de la consejería de Economía y Hacienda, Albert Castellanos (ERC), ha anunciado este miércoles que la Generalitat recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anulaba la tasa creada en 2017. De esta forma, será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra sobre el impuesto catalán a las bebidas refrescantes.

Los magistrados no valorarán la validez de un gravamen que sólo se cobra en la autonomía, definirán la idoneidad de la resolución que los jueces de lo contencioso-administrativo de la sala catalana publicaron hace una semana. La sentencia que justificaba que el reglamento que grava la comercialización de este tipo de productos era nulo de pleno derecho porque la Administración prescindió de un trámite indispensable para aprobarlo.

El Govern carga contra el TSJC

El Gobierno catalán se saltó el periodo de consulta, audiencia e información pública que toda normativa debe pasar para dar la oportunidad al resto de partidos y a los interesados a presentar las enmiendas que consideren oportunas.

Castellano ha cargado contra la resolución del TSJC. “Tiene un fundamento débil”, ha asegurado en el marco de una jornada en que se defendía la validez de esta tasa. Reitera que para el Gobierno catalán el impuesto estará vigente hasta que el Supremo se pronuncie sobre ello, por lo que todas las empresas del sector deberán proseguir con sus respectivas liquidaciones.

Presupuestos de 2020

Es más, el republicano ha avanzado que será uno de los ingresos que se contemplarán en la elaboración de los Presupuestos de la Generalitat de 2020. Estima que supondrá la entrada de unos 42 millones a las arcas catalanas. Se ha mostrado confiado en poder sacar adelante el proyecto de cuentas públicas para el próximo ejercicio, aunque los rumores de un adelanto electoral se llevarían por delante esta previsión.

 “La sentencia no es firme y, por tanto, existe la suficiente seguridad jurídica para continuar recaudándolo”, ha señalado Castellanos. “No será ni la primera ni la última vez en que se judicializa un impuesto, hemos sido objeto de recursos reiterados”, ha sentenciado.

Impacto del impuesto

La vicepresidencia de Economía ha anunciado el proceso legal que inicia para defender el gravamen el mismo día en que se ha dado a conocer la evaluación económica que ha hecho el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivalua). La conclusión del análisis es que la venta de bebidas azucaradas ha bajado el 2,2% desde su aplicación.

“Es un impuesto eficiente en términos económicos porque supone una mejora en la salud de la población y un ahorro de costes” ha defendido el analista y coordinador del documento, Ramón Sabes-Figuera. Asegura que ha implicado que la Generalitat se ahorrase 6,85 millones de euros en gasto sanitario en enfermedades unidas a la obesidad.