El Govern eleva al máximo estatal el polémico gravamen sobre la constitución de préstamos hipotecarios, impuesto que, ahora y en teoría, paga la banca. La Generalitat espera con ello recaudar 81,9 millones más al año.
En concreto, el tipo impositivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) –ese es su nombre– pasa del 1,5% al 2%, y es el aspecto más destacado del decreto ley de medidas tributarias urgentes y de lucha contra el fraude fiscal que ha aprobado el Govern.
Contaminación y apuestas
El citado decreto también contempla la inclusión como sujetos pasivos del impuesto sobre las viviendas vacías a los fondos de titulización, que son titulares de grandes paquetes de viviendas sin inquilino. Espera con ello ingresar otros 3,1 millones extra.
La medida prevé aumentar otros dos impuestos: el de las emisiones producidas por la aviación comercial, que pasa de 2,5 euros a 3,5 euros por kilogramo de óxido de nitrógeno emitido (1,8 millones más al año), y el que grava las apuestas presenciales, que sitúa el tipo único en el 15%, frente al 10% actual que afecta a las deportivas y al 13% para las generales (un ingreso adicional de 1,3 millones anuales).
Fiscalización de las salas de bingo
Por otra parte, en el marco del plan de prevención y reducción del fraude fiscal hasta el año 2022, el decreto aprobado prevé que la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat no podrá suministrar cartones de bingo nuevos a los establecimientos de juego que tengan pendiente el pago del impuesto sobre el juego.
En la misma línea, se considerará infracción "muy grave" la realización de actividades de juego sin haber satisfecho el impuesto sobre el juego, y la Agencia Tributaria de Cataluña podrá usar las fianzas depositadas por los operadores del juego para ejecutar deudas derivadas de tributación.
Cerca de 90 millones adicionales
El Govern estima que el paquete de modificaciones incluidas en este decreto le aportarán una recaudación adicional de 88,2 millones al año, cifra que evidencia que el impuesto hipotecario es el más afectado. Cabe destacar que la Generalitat funciona con una prórroga presupuestaria de las cuentas de 2017, al no haber podido aprobar presupuestos este año.