La medida que impulsaron los Departamentos de Economia y Territorio de la Generalitat, que contemplaba aprobar dos instrumentos de crédito a través del Institut Català de Finances (ICF) dotados 250 millones para la construcción de 3.000 viviendas sociales, se queda en promesa. Un año después del anuncio, sólo se ha destinado un 30% del presupuesto, unos 75 millones.
Según explicó este martes el consejero de Territorio, Damià Calvet, esta baja ejecución obedece a dos motivos. Por una parte, porque la banca "ofrece también buenas condiciones", lo que hace que algunas promotoras se decanten por la vía tradicional, y porque el departamento que dirige ha preferido los préstamos del Incasòl a los del ICF, en líneas generales.
Nueva vivienda de protección social
Del primer vehículo, cifrado en 140 millones, solo se han destinado 46,8. Unos préstamos que tenían como fin la promoción de nueva vivienda de protección social de alquiler, cuya intención era financiar la totalidad de la construcción de unos 1.000 pisos.
El segundo instrumento que alumbró el Govern, cuyo objetivo era llegar a las 1.800 viviendas, tenía un presupuesto de 110 millones de euros, aunque ayuntamientos, promotoras sociales y entidades del tercer sector solo han solicitado 28,2 millones para ejercer su derecho de tanteo y retracto sobre 353 construcciones en el territorio, según recoge Expansión.
Otros prioridades
El conseller también ha apuntado que los consistorios catalanes han recurrido poco a estos instrumentos porque han tenido otras prioridades en un año electoral, y ha recordado que los préstamos siguen abiertos, por lo que están a disposición de las administraciones municipales una vez se han constituido los ayuntamientos.
El parque público de vivienda que gestiona la Generalitat cuenta con 19.804 unidades. De ellos, 15.930 los ha promovido la Administración directamente, otros 326 por particulares, y 3.548 de entidades financieras.