La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha denunciado este miércoles "clara deficiencias" en las políticas activas de empleo y formación, en las que España gasta entre 6.100 y 6.500 millones de euros anuales, y ha pedido al Gobierno una mejor medición de resultados para hacerlas más eficaces.
Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el organismo tras analizar las políticas de formación, orientación a desempleados y ocupados, así como los incentivos a la contratación. Además, ha advertido de la dificultad de evaluar de forma completa los resultados y la eficacia de los distintos planes, así como determinar con exactitud la cuantía del gasto y su distribución en nuestro país.
Cataluña
Según la Airef, a pesar de la cantidad de dinero disponible para invertir en este tipo de políticas, Cataluña se deja el 41% del presupuesto en el cajón. Eso sí, es la tercera comunidad que más dinero invierte. En concreto, 335 millones en 2017, lo que supone el 11,3% de lo que dedicaron las comunidades autónomas en su conjunto.
Aunque, según la Autoridad Fiscal, es una practica habitual que no se destine el total de la cantidad presupuestada, sorprende que 237 millones se hayan quedado en el cajón en el territorio, teniendo en cuenta que el paro sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.
Beneficiarios
Las políticas activas de trabajo se financian desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que luego transfiere partidas a las comunidades y entes locales encargados de su gestión, que son quienes aplican distintos criterios contables. Junto a esto, la Airef también ha encontrado dificultades para evaluar de forma completa la eficacia de todas las políticas de ayudas y formación existentes.
En el caso del Plan Prepara --la antigua ayuda de 400 euros al mes durante seis meses para parados de largo duración que hubiesen agotado el subsidio-- ha indicado que, con un coste de 1.432 millones de euros entre 2012 y 2017 y más de 850.000 beneficiarios, "no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral nacional durante los seis meses que dura la prestación". Ante esto, la propuesta del organismo es que las autonomías "realicen evaluaciones de eficiencia y coste-eficacia" de forma periódica y "siguiendo una metodología homogénea y con criterios comunes". Una información con la que poder identificar los programas, servicios e itinerarios más eficaces para hacer una asignación eficiente de los recursos públicos.