Seis años después de que Blackstone realizara su primera gran compra de activos residenciales en España, con la adquisición al Ayuntamiento de Madrid de 1.860 pisos públicos en alquiler por 128,5 millones de euros, el fondo estadounidense, que dirige en España Claudio Boada, empieza a tantear la posibilidad de proceder a la venta y obtener plusvalías.

Y no solo por la mera estrategia de rotación que guía a estos fondos oportunistas con este tipo de operaciones, sino por la posibilidad de que aquella venta vuelva a enredarse en los tribunales, caso de que, en esta ocasión, se demuestren las supuestas acusaciones de prevaricación y malversación de caudales públicos contra la exalcaldesa Ana Botella y siete de sus colaboradores.

Reapertura de la causa

La reapertura de la causa se ha producido tras ordenar la Audiencia Provincial de Madrid al juzgado de instrucción 38 que reiniciara las actuaciones, que archivaba el pasado mes de enero, al entender el juez que "no existían elementos suficientes" para continuar el procedimiento penal contra Botella y su equipo.

Además, el magistrado daba la razón al proceder de la exalcaldesa que, “para solventar una angustiosa situación económica", la de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), "llevó a cabo un plan que contemplaba, entre otras medidas, la venta de inmuebles".

Quebranto de 23 millones a la Hacienda Pública

De esta manera, el juez hacía caso omiso a la sentencia del Tribunal de Cuentas, que un mes antes, en diciembre de 2018, condenaba a Botella y a sus siete colaboradores a abonar casi 26 millones de euros por el perjuicio a la Hacienda Pública, al vender los pisos a un precio “inferior al mínimo jurídicamente exigible”, ya que se podrían haber vendido por 151 millones de euros en lugar de los 128,5 millones en los que se cerró la operación, con un quebranto de más de 23 millones.

Además del perjuicio económico por haber realizado una venta a la baja, el Tribunal identificaba otras irregularidades en la operación, como la ausencia de pliegos y de estudios técnicos, así como que en los concursos no se garantizó la libre participación. En definitiva, concluye el dictamen, que eran procesos ideados para que hubiera un beneficiado. En este caso, el fondo Blackstone.

Indicios de infracción penal

Aunque la Audiencia Provincial no desconoce que el ámbito competencial del Tribunal de Cuentas es diferente del penal, no descartan "la existencia de indicios de infracción penal" de la actuación de los implicados.

"Existen indicios suficientes como para entender que entra dentro de un razonable juicio de probabilidad que los investigados pudieran haber incurrido en responsabilidad penal por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos", añade la Audiencia en su resolución.

Blackstone no las tiene todas consigo

Todo este lío judicial está siendo seguido por Blackstone muy de cerca, como lo pone de manifiesto el informe financiero anual de su socimi Fidere, donde recalaron finalmente los pisos públicos de Madrid.

“Tenemos registrados 3,7 millones de euros de la financiación otorgada por Citibank, que han sido retenidos por la entidad bancaria y se encuentran en una cuenta indisponible, hasta que se resuelva un procedimiento administrativo abierto por el Ayuntamiento de Madrid, de revisión de la adjudicación a Fidere de varias promociones sociales, que podría dar lugar a la restitución de las mismas y la devolución del precio”, se recoge en el informe anual de Fidere, registrado el pasado 29 de abril, y al que ha tenido acceso Crónica Global.

Pérdidas de 30,53 millones en 2018

En ese informe anual, remitido por Fidere al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), la socimi da cuenta de unas pérdidas en 2018 de 30,53 millones de euros, debido a la provisión realizada ante el inicio de un expediente, por el que la Agencia Tributaria le reclama casi 30 millones de euros, como responsable solidario de la deuda de la extinta constructora Isolux Corsán, por el impuesto de sociedades de los ejercicios 2009 y 2010. Fidere había comprado a Isolux una promoción de pisos en alquiler correspondientes al Plan Joven de la Comunidad de Madrid.

Las 1.860 viviendas compradas por Blackstone a la EMVS de Madrid representan aproximadamente el 30% de las que forman la cartera de Fidere.

Cartera de Fidere valorada en 1.100 millones

Un 'portfolio' de unas 6.400 viviendas, valoradas en algo más de 1.100 millones de euros, sobre el que existen planes adelantados de venta. La desinversión barajada contempla ofrecer al mercado, de manera escalonada, algo más de la mitad de esta cartera, de cara a obtener unos 700 millones de euros.

Como adelanto a esta gran enajenación, Fidere ya vendió el pasado ejercicio 111 viviendas en la Comunidad de Madrid por un importe de 15,46 millones de euros, obteniendo un beneficio neto de casi 5 millones. Además, en lo que va de 2019 ha formalizado la venta de otras 260 viviendas, al ejercer los inquilinos la opción de compra pagando 41,73 millones.