La asociación de comerciantes de Cataluña Retailcat se ha mostrado preocupada por la “incertidumbre” generada en torno al nuevo control del horario laboral. La medida, implementada por el Real Decreto-ley 8/2019, entra en vigor este domingo 12 de mayo, llega acompañada de revuelo desde el ámbito empresarial. Es el caso de Foment del Treball, que también ha señalado que la nueva regulación necesita “más certeza jurídica”.

La reforma de urgencia aprobada por el Gobierno en marzo modifica el artículo 34 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. El Ejecutivo añadió un nuevo apartado, según el cual “la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo".

Dificultades en el sector

El decreto de urgencia apenas dedica tres párrafos a este aspecto, con lo que queda pendiente el desarrollo de un reglamento para dar concreción a la nueva normativa. En este sentido, la asociación de comerciantes de retail ha indicado que "no está claro cómo se debe realizar el registro de jornada en la práctica" y que se generan "muchas dudas".

Joan Carles Calbet, presidente de Retailcat, ha enfatizado que cumplir esta obligación es más complejo en el sector del retail, donde los centros de trabajo están dispersos. Sin embargo, añade que se debe garantizar "el espíritu del decreto ley y al mismo tiempo la flexibilidad y eficiencia para las empresas".

Incertidumbre metodológica

A falta de una orden ministerial que establezca unas directrices mínimas, el empresario debe improvisar un método que le permita cumplir el nuevo real decreto. A día de hoy, puede realizarse con dispositivos telemáticos, hojas de cálculo, software o con una hoja de papel. A este respecto, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha afirmado que que cada centro de trabajo tendrá libertad en la elección del sistema de registro. Asimismo, recordaba que las inspecciones se llevarán a cabo “con cabeza, con mesura y con sentido común” y que “evidentemente, se dará un margen” antes de imponer sanciones.

En la exposición de motivos de la ley, se indicaba que el objetivo de la regulación era reforzar “un marco de seguridad jurídica tanto para las personas trabajadoras como para las empresas y de posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. Sobre esta cuestión, Valerio ha enfatizado la necesidad de "acabar con el fraude".