Este 1 de mayo ha sido un Día Mundial del Trabajo en el que los principales sindicatos del país han revindicado con más fuerza que nunca su demanda de derogar la reforma laboral. Los resultados de las elecciones del 28A les dan alas para esta demanda y para solicitar la conformación de un Gobierno de izquierdas en España, pero en el otro extremo del tablero político del país se empieza a configurar una fuerza que aspira a romper el equilibrio actual de las fuerzas del mundo del trabajo.
Se trata de un nuevo espacio que se articula alrededor de Vox y que apuesta por configurar organizaciones sectoriales que puedan tomar la delantera en cada uno de los ámbitos empresariales. De hecho, el partido de Santiago Abascal quiere ganar peso en este ámbito. El modelo que persiguen es el de Jusapol, el sindicato de policías que se ha hecho un hueco entre las fuerzas de seguridad bajo la bandera de la equiparación salarial.
Funcionarios de prisiones
El mismo objetivo que persiguen los llamados camisas negras que se empiezan a organizar entre los funcionarios de prisiones. El discurso que defienden es el de conseguir las mismas retribuciones que se cobran en Cataluña y empieza a calar entre los trabajadores, señalan desde los sindicatos de clase.
Les ha dado alas el patinazo del Gobierno socialista en esta materia. Dio el visto bueno a mejorar las retribuciones de los trabajadores de los Cuerpos de Seguridad, pero los 6.000 millones de euros que implicaría subir los salarios era una partida que se debía aprobar en los Presupuestos Generales del Estado. Las cuentas públicas no consiguieron los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados. El desenlace es conocido: Pedro Sánchez convoca de nuevo comicios y consigue una victoria cómoda en las urnas que permitiría aprobar lo que ahora es una promesa electoral más.
Correctivo de la base
Desde el punto de vista sindical, este relato político ha implicado que CCOO, UGT, CSIF y ACAIP, una organización sectorial que está presente en la mesa de los funcionarios de prisiones, recibieran un correctivo desde la base. Defendieron que el acuerdo estaba dado, ya que explican que la contraparte en la negociación así se lo hizo saber, pero que el ministerio se descolgó después con la falta de fondos.
Las fuentes consultadas señalan que los discursos populistas que se hacen desde Vox tienen aceptación entre la clase trabajadora. También explican lo que ocurre entre el personal interino de la Administración de Justicia, a los que han prometido que mediante contenciosos podrán transformar su plaza en funcionarios sin tener que pasar por unas oposiciones.
Elecciones sindicales el 19 de junio
“Es imposible ya que sería ilegal a todas luces”, destacan, ya que la única actuación legal que se puede promover en este sentido desde los sindicatos es intentar solicitar que los méritos se valoren más en los procesos de concurrencia pública. Con todo, reconocen que la promesa de Vox ha gustado a uno de los colectivos más numerosos en el personal de los juzgados. Y eso pesa a un mes y medio de las elecciones sindicales.
Todos los trabajadores de la Administración General del Estado están llamados a las urnas el próximo 19 de junio. Se espera que la ultraderecha gane delegados en estos comicios.