El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado este martes que la crisis política que se vive en Cataluña ante las demandas de autodeterminación de los independentistas sólo se resolverá con “diálogo con el respeto lógico del marco legal”.

Lo ha hecho en la presentación de resultados del primer trimestre del ejercicio, donde los beneficios del grupo han bajado el 24,3% hasta los 533 millones de euros por los ajustes contables --la participación de Repsol es más baja y se ha descontado la aportación de Banco Financiero de Angola, heredado de la filial portuguesa BPI-- y los menores extraordinarios que se han dado en los tres primeros meses del año.

El banquero se ha saltado su prudencia habitual en realizar esta valoración de calado político en que impulsa un entendimiento que sería “positiva para Cataluña y España” y en mostrarse "confiado en la capacidad de las personas” que deben hablar. Aunque es cierto que con anterioridad la entidad había apostado por la receta de la concertación incluso en los momentos álgido del procés, las palabras de Gortázar llegan después del 28A, unos comicios en que esta propuesta del diálogo entre el Estado y los independentistas que promulgaba el PSOE ha recibido un espaldarazo en las urnas.

‘Rescate’ de la banca

Los gestos de Caixabank con el futuro Ejecutivo socialista se han quedado aquí. Gortázar ha comparecido en la rueda de prensa de presentación de resultados con el pin de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, el programa 20/30, la máxima expresión de las opciones políticas de la entidad. Al ser preguntado por las normativas que se pueden desarrollar en la legislatura que echará a andar el 21 de mayo próximo, el directivo ha mandado un mensaje tanto a los socialistas como a sus más que probables socios, Podemos, ante una posible nueva tasa a la banca: “La inmensa mayoría de las entidades financieras que seguimos no somos responsables de las ayudas públicas” que se dieron al sector.

“No tiene sentido pensar que los bancos que hoy operan y han podido compensar los problemas de la crisis sean responsables de los errores y la mala gestión de las entidades que han desaparecido”, ha sentenciado. Gortázar recuerda la factura a la que ha hecho frente Caixabank cuando el sector financiero español estuvo al borde de la implosión. “Hemos contribuido con 4.500 millones a la devolución de las preferentes de Banca Cívica, las aportaciones a Sareb, al Fondo de Garantía de Depósitos y al Mecanismo Único de Resolución”.

Contracción del beneficio

También ha hecho hincapié en que el grueso de los beneficios financieros del grupo van destinados a la obra social que se realiza a través de la fundación bancaria y del elevado nivel de impuestos a los que hace frente el grupo. Intenta despejar de este modo el fantasma de las entidades usureras que hicieron desparecer 60.000 millones de las arcas públicas con el rescate del sector. “La banca no es sólo uno y no se lo recordamos de forma suficiente a la sociedad”, ha indicado.

En clave financiera, el consejero delegado de Caixabank ha hecho un ejercicio de realismo al declarar que “teme que los resultados serán algo menores”. Asegura que están “preparados para seguir la competición en un entorno de tipos negativos” que el Banco Central Europeo no prevé revisar al corto plazo. Al final del primer trimestre ya ha empezado a notarlo, aunque se remarca que la fotografía final obtenida es la de un grupo financiero “más saneado”.

ERE hasta mediados de mayo

Gortázar marca como deberes mejorar en todas las vertientes del negocio financiero, tanto el tradicional como los nuevos drivers que generan beneficios como los seguros, además de ampliar las llamadas eficiencias. La hoja de ruta de la entidad está centrada en más penetración tecnológica de sus clientes y redefinir la política de oficinas, con centros más grandes y más tecnificados (Store) y con menos gente en el front office al llevar los servicios de atención al público de forma remota.

Esto pasa por la reestructuración de la plantilla en la que está inmersa Caixabank. Gortázar ha fijado este martes mediados de mayo como el plazo máximo para alcanzar un pacto con los sindicatos. Señala que el “equipo directivo está de acuerdo en renunciar a los despidos forzosos si se llega aun acuerdo”, una de las grandes demandas de los representantes de los trabajadores para fijar las condiciones de salida de 1.925 empleados.

Con todo, incluso el consejero delegado de la entidad reconoce que quedan “unos cuantos días y me temo que también alguna noche” para llegar a este escenario de entendimiento.