El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lograba este miércoles sacar adelante, tres semanas antes de las elecciones generales, sendos decretos de calado social, como el del alquiler y el del subsidio para desempleados mayores de 52 años.
Así, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidaba el decreto ley con medidas para regular el mercado del alquiler con los apoyos de PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís y EH-Bildu. PP y Ciudadanos han votado en contra, mientras que UPN ha optado por la abstención.
Subidas limitadas al IPC
El decreto de medidas urgentes en materia de alquiler, en vigor desde el pasado 6 de marzo, limita las subidas anuales de los precios al incremento del IPC para todos los contratos nuevos durante la duración del contrato firmado y amplía a cinco años la prórroga de su duración frente a los tres actuales.
De esta forma, se vuelve a la situación de 1994 respecto a la toma en consideración del incremento del IPC para situar el aumento de la renta de las viviendas en alquiler, aunque en este caso el IPC no será obligatorio como entonces y sólo operará como techo.
Aplicación a contratos suscritos desde el 6 de marzo
Esta medida solo se aplica a los contratos suscritos desde el pasado 6 de marzo aunque, cuando las partes lo acuerden y no resulte contrario a las previsiones legales, los contratos preexistentes pueden adaptarse al régimen jurídico establecido en el nuevo decreto.
La norma incluye la elaboración de un sistema estatal de índices de referencia a las viviendas, que se utilizará para hacer un seguimiento del mercado y servir de soporte a medidas de carácter fiscal.
Nuevo índice de referencia
Este índice de referencia, para cuyo plazo de elaboración el Gobierno se da ocho meses desde su entrada en vigor, se actualizará anualmente y será lo más detallado posible.
Esta herramienta estatal de referencia será compatible con otros índices que puedan elaborar las comunidades autónomas para definir la aplicación de sus competencias en políticas de vivienda. No obstante, este índice en ningún caso habilita a las administraciones al establecimiento de sistemas de regulación de precios de alquiler.
Subsidio para 380.000 desempleados mayores de 52 años
La Diputación Permanente también convalidaba el Real Decreto de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en el mercado de trabajo que incluye el subsidio para mayores de 52 años. Salía adelante con 34 votos a favor, 25 en contra y 6 abstenciones, aunque se denegaba su tramitación como Proyecto de Ley por procedimiento de urgencia.
Esta mañana, durante el debate de convalidación del decreto en la Diputación Permanente, Valerio afirmó que son medidas de "urgente necesidad" y que restablecen los derechos sociales suprimidos. Por ello, pidió a los grupos su convalidación inmediata.
Sobre el subsidio de mayores de 52 años, la ministra de Trabajo ha insistido en que "en absoluto" está suspendida la tramitación de este subsidio. Además, ha recordado que va a afectar a 380.000 personas e implica dotar de un mínimo de capacidad adquisitiva a un mayor número de personas.
La oposición tacha del decreto de "quimera"
Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Carlos Rojas cree que las medidas incluidas en el decreto son "una quimera" y que están "solo al alcance de quien fue presidente por una moción de censura y dejará de serlo en las urnas". También ha criticado que haya "miles de solicitudes del subsidio de mayores de 52 años paralizadas".
"La mala vieja política ha inundado de demagogia nueve meses para olvidar", ha apuntado Rojas, tras afirmar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "hace creer que es social lo que es solo propaganda electoral".
"Entiendo que el Gobierno tenga mucha prisa electoral, pero no cosataba nada haber intentado negociar esta norma", ha apuntado el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos Francisco De la Torre, que también ha criticado que la estimación del coste del subsidio de mayores de 52 años sea de 1.340 millones según la memoria económica del decreto y de 700 millones según Valerio.