La patronal presenta la colaboración público-privada (CPP) como una opción para hacer frente al déficit por parte de las Administraciones. Con motivo de las próximas elecciones municipales, que se celebrarán el 26 de mayo, la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) y la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP) han elaborado un informe con el objetivo de transmitir a los candidatos y también a la ciudadanía las ventajas de esta opción para poder seguir haciendo frente al gasto público.

Durante la presentación del informe La Colaboración Público-Privada: Una oportunidad para la Administración Local, el vicepresidente de Foment, Joaquim Llansó, ha constatado la falta de inversión pública. "No hay dinero y por eso es necesario proponer la generación de recursos, desde 'quien contamina paga' a 'quien usa las infraestructuras ha de pagar'; pero también a través de colaboraciones público-privadas".

Escollos de la colaboración público privada

Francesc Sibina, presidente de CCIES, admite que no se han controlado bien este tipo de asociaciones, lo que no significa que no se puedan llevar a cabo. "La Administración debe dotarse de más recursos de supervisión. Pero esta colaboración es necesaria para mejorar la prestación de servicios". ¿Por ejemplo? "La próxima Administración se encontrará con retos que no podrá afrontar durante la próxima legislatura, como la demanda de 40.000 viviendas, para cuya contrucción serán necesarios recursos de todo tipo, técnicos, humanos y económicos. También tendrá que hacer frente al déficit de atención a la tercera edad. En Barcelona, existen residencias construidas pero no se pueden utilizar porque faltan los recursos para ponerla en marcha", señala.

Por su parte, Ramón Tamames, presidente de AESP, ha puesto dos ejemplos de proyectos público-privados fracasados: el proyecto Castor, como depósito de gas dentro de los planes de disponibilidad de combustibles, y las autopistas radiales de Madrid. “El periodo de alegaciones se tiene que estudiar con transparencia e independencia”, ha dicho sobre el primero. Para evitar este tipo de actuaciones, propone que "los pliegos de condiciones sean muy detallados, y aún más en casos de riesgo". 

Inseguridad jurídica

“El problema de la colaboración público-privada es la inseguridad jurídica. Es un sistema que se cuestiona por los casos que no se controlaron de manera adecuada, y producen un efecto disuasorio a cualqueir otro que quiera prestar este servicio. Necesitamos seguridad jurídica y el presitigio de la Administración, un prestigio que no se adquiere diciendo que es necesario volver a la gestión directa; hay que promover que los grandes inversores entren de manera cómoda en el sector servicios", ha subrayado Sibina.

El presidente de CCIES ha constatado que existe un "déficit de prestación de servicios básicos, y que por ello es necesario buscar una fórmula para hacerle frente". "El documento --en referencia al decálogo-- intenta aportar una fórmular para sacar adelante la Administración pública con ayuda privada, ya que tenemos importantísimos retos de futuro y de presente, para no perder el Estado de bienestar en el que vivimos", ha señalado.

Visión distorsionada

Ante dos casos paradigmáticos en Barcelona, como la gestión del agua y la concesión del tranvía, Sibila sostiene que “el argumento de que el servicio público tiene que ser de gestión pública es una visión distorsionada”. “Una empresa como Aigües de Barcelona, la estamos cuestionando a base de demandas, eso no crea prestigio de ciudad y crea inseguridad jurídica”, ha criticado.

Sobre el transporte ha asegurado que "el gestor lo que hace es recuperar su inversión. En este sentido, si la Administración opta por hacer la conexión del tranvía, sería más fácil, en cambio si ponemos en duda la fórmula es menos fácil. Si no hay queja ¿por qué cambiarlo?”, ha preguntado.

"La infraestructura siempre es pública"

Llamsó opina que el gran fallo ha sido "la falta de pedagogía" para que este sistema de colaboración levante suspicacias entre los ciudadanos.  "La sociedad tiene la impresión de que una concesión es una cosa privada, y no lo es. ¿Cuántas veces habéis oído decir que la AP7 la hemos pagado tres veces? La concesión se ha prorrogado dos veces para hacer ampliaciones. ¿Y eso cómo se paga? Con más años de concesión, pero eso es lo que la gente no sabe. La infraestructura siempre es pública, el ámbito privado lo que hace es la gestión”, señala. 

Sibila ha detacado que tanto la externalización del servicio como las condiciones las decide la Administración. "Si no son adecuados, son los responsables, porque es la que tiene que velar por que no se produzca un abuso". Eso sí, el presidente de CCIES ha querido dejar claro que “esta colaboración es una historia de éxito, a pesar de que los fracasos son más notorios”.