Sareb, el banco malo presidido por Jaime Echegoyen del que el Estado, a través del Frob, ostenta el 45,9% del capital, sigue dándole vueltas a buscar todas las vías posibles que posibiliten la devolución los 35.000 millones de euros de deuda que restan por pagar.

Si no lo hace de aquí a 2027, será el Estado, como avalista, el que tendrá que hacerse cargo de lo quede. Y en esas está. Se trata de vender sin prisa, pero sin pausa, los activos financieros e inmobiliarios que se mantienen en su balance.

Los 240 millones de los 'servicers' son excesivos

A lo largo de sus seis años de existencia, Sareb ha abordado mil y una palancas para aumentar los ingresos, con la venta de un sinfín de paquetes de créditos y de activos inmobiliarios, con la ayuda de los servicers (Haya-Cerberus, Altamira, Servihabitat y Solvia), las gestoras inicialmente ligadas a los bancos --principales accionistas de Sareb--, y que han acabado en manos de los fondos de inversión.

Ahora, ante el fin de los contratos con estos gestores --el de Haya, a finales de 2019, y los otros tres en 2021--, la entidad presidida por Echegoyen está planteándose que los 240 millones de euros anuales que se embolsan estas sociedades en comisiones de gestión y comercialización pueden resultar excesivas, y, además, irían en aumento a medida que se acerca el año 2027, con el lógico incremento de la desinversión de activos.

Hacia los 700 millones de gastos anuales

De los más de 680 millones de gastos anuales que soporta la Sareb, los gestores se llevan el 35%. Cerca de 240 millones que, a partir de ahora, aprovechando el fin de los contratos, se van a tratar de reorientar, teniendo en cuenta el cambio de las circunstancias que se dan ahora respecto a las que se daban hace siete años, cuando, en el marco del rescate financiero sobre España llevado a cabo por la Comisión Europea, se constituía la Sareb.

En principio, según las cuentas iniciales echadas por la Sareb, el gasto de gestión y comercialización entre 2015 y 2021 estaría en torno a los 1.200 millones de euros, pero serán muchos más.

El dinero adelantado por los 'servicers' duró hasta 2017

A falta de que la sociedad publique el informe anual correspondiente al pasado ejercicio, el importe de este gasto entre 2015 y 2018 se aproximaría a 1.000 millones de euros.

Los contratos, firmados bajo la fórmula upfront, permitieron al banco malo cubrirse las espaldas obteniendo una liquidez inicial con los 600 millones de euros adelantados por los servicers. Conseguía Sareb un adelanto de dinero que iría devolviendo según el cumplimiento de los hitos contemplados en los contratos. Pero, desde mediados de 2017, ese adelanto quedaba completamente cubierto, con lo que, desde entonces, la partida para cubrir el pago estas comisiones se descuenta de los ingresos obtenidos por la desinversión de activos.

Los gestores cobran por todo 

Y los servicers cobran por todo. Por la gestión global --relativa a la gestión ordinaria, administrativo-contable, mantenimiento o gestión de cobros/pagos--, la comisión tiene un mínimo garantizado más un plus por objetivos. 

Por la venta de bienes inmuebles, la comisión es variable en función del resultado y de la naturaleza del bien objeto de venta (residencial, comercial, oficinas o suelo) y, en el caso de préstamos y créditos, las comisiones son variables en función tanto del cobro ordinario de cuotas relativas a los mismos, como de su recobro o negociaciones tendentes a su regularización (caso de estar en situación irregular), refinanciación o ejecución.

Todos los frentes abiertos

A partir  de aquí, además de mantener abiertos todos los frentes, como la venta de la socimi Témpore --un año después de su salida a Bolsa en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB)--, seguir desinvirtiendo carteras de activos de mayor tamaño, o reactivar el proyecto de alianza con alguna promotora para poner en valor suelos valorados en cerca de 1.000 millones, la Sareb busca redefinir los contratos con los servicers.

Para ello, ha contratado los servicios del banco de inversión DC Advisory, en busca de asesoramiento de cara, en primer lugar, a ofrecer una solución al paquete de activos gestionado por Haya, el primero que vence dentro de nueve meses, que pueda servir de referencia a los tres que vencen en 2021, los de Altamira, Solvia y Servihabitat.