El taxi, un negocio rentable pese a las restricciones administrativas

Barcelona y Madrid han sido escenario, especialmente durante los últimos dos meses, de una dura batalla entre taxistas y conductores de VTC. VTC incendiados, bloqueos completos de ciudades e, incluso, violencia física de taxistas contra sus competidores. En esta batalla en torno a la movilidad hemos visto de todo. ¿Los más afectados? Los propios ciudadanos, que han visto bloqueadas sus ciudades durante semanas. Por lo que parece, hay mucho en juego.

Taxistas protestando contra las licencias de VTC / EFE

Tanto hay en juego que, hasta Cabify, que había anunciado a finales de enero su deseo de dejar de operar en Barcelona, anunció el miércoles pasado que volvía a la capital catalana a pesar de “no estar conforme” con las nuevas “restricciones” establecidas por la Generalitat, que obliga a contratar uno de estos coches con conductor con antelación. Confían, sin embargo, en que este cambio de norma sea “transitorio” y que los tribunales la anulen. Pero hecha la ley, hecha la trampa.

Si bien la intención del decreto de la Generalitat es que los usuarios contraten los servicios con mínimo 15 minutos de antelación, Cabify ha encontrado la fórmula para acatar la norma y que únicamente se deba esperar ese tiempo en el primer viaje que se realice con la compañía, una vez aceptadas las nuevas condiciones de servicio. Y es que, si bien antes Cabify operaba como agencia de viajes en Barcelona y en el resto de las ciudades españolas, en la capital catalana lo hará, a partir de ahora, con un modelo distinto de negocio. “En Barcelona, vamos a operar como una empresa VTC opera de manera habitual. Le preguntamos al usuario si quiere contratar el nuevo servicio que ofrecemos en la ciudad que implica la aceptación de un contrato. Una vez aceptadas las condiciones y transcurrido el periodo de antelación estipulado por la normativa, el usuario de Cabify habrá contratado un servicio de transporte del que puede hacer uso sin necesidad de ir contratando cada viaje”, indican fuentes de la compañía Cabify.

En cualquier caso, no está claro cómo se controla el tiempo transcurrido entre la petición del servicio y la prestación de éste. El Ministerio de Fomento anunció en agosto pasado que preparaba un registro de control de VTC, que se pondría en marcha antes de iniciar 2019. Pero no ha vuelto a saberse nada.

Número de licencias de taxi vS VTC

Las administraciones, en España y otros países del mundo, llevan años intentando regular las nuevas formas de contratación de servicios de movilidad urbana creadas a partir del desarrollo de aplicaciones informáticas. La aparición en las principales ciudades del mundo de la posibilidad de contratar vehículos con conductor ha revolucionado a todo un sector que hasta ahora vivía en un régimen de monopolio tutelado por el Estado. La aparición de una clara competencia en este campo, como en otros tantos, parece a todas luces imparable dado el amparo legal de las conocidas como ley paraguas y ley ómnibus, que marcaban el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicio a nivel europeo.

Estas dos leyes de finales de 2009, que se aprobaron para adaptar la normativa española a la Directiva de Servicios en el Mercado Interior, se limitaron en un real decreto de 2015, pero las autorizaciones de licencias VTC que se pidieron en esos seis años están avaladas por la justicia y aún siguen otorgándose en la actualidad en algunas ciudades españolas. La interpretación de esta normativa ha sido dispar en las diferentes comunidades autónomas. Esa no coordinación entre territorios ha dado lugar a que las cifras de licencias VTC en las diferentes provincias españolas sea muy dispar.

Panel interior de un vehículo eléctrico de alta gama de Uber / EFE

En mayo de 2018 había en España 7.281 licencias VTC. En apenas seis meses, la cifra aumentó en un 70%. En España hay, según datos del Ministerio de Fomento de 1 de marzo de este año, 13.556 licencias de VTC, frente a las 66.146 de taxi. Un conductor de Uber o Cabify por cada 4,8 taxistas.

Madrid tiene prácticamente la mitad de las licencias de VTC del país: 6.625 conductores privados frente a 15.593 taxistas. Es decir, 1 conductor privado por cada 2,3 taxistas. En Cataluña, 2.496 VTC, 12.644 taxis, 1 conductor de VTC por cada 5 taxistas.

Regulación estatal y autonómica

Estas cifras contrastan con la proporción de una VTC por cada 30 taxis que exige la ley que aprobó el Gobierno de España en abril del pasado año, tras una huelga masiva de taxistas que bloqueó el centro de Madrid y Barcelona. El Ministerio de Fomento quiso de esta forma proteger al sector del taxi frente a un conflicto legal que permitió un aumento muy importante del número de licencias VTC, algo que supone una seria amenaza a su negocio.

Tras una regulación estatal difícil de aplicar, el Gobierno pasó la patata caliente de la competencia para regular las licencias de VTC a las autonomías. Y el conflicto volvió a las calles de Barcelona. La Generalitat no pudo arbitrar adecuadamente el conflicto y las mesas de dialogo no alcanzaron el acuerdo deseado. Los taxistas intentaron parar la normativa que quería impulsar la Generalitat, que buscaba una postura intermedia que ayudara a enfriar un conflicto que parecía iba a estallarle en las manos, a un mes del congreso sobre tecnología más importante del mundo, el Mobile World Congress (MWC). La Generalitat, que pretendía poner paz entre dos posturas a priori irreconciliables, no contentó ni a unos, ni a otros. Incluso tuvo enfrente a uno de sus organismos públicos autonómicos, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), que cargó duramente contra un decreto que, consideraba, “discriminatorio, injustificado y que perjudicaba a los usuarios”.

App de la VTC, Uber

Barcelona se colapsa en el MWC 

Ante este panorama, Barcelona se quedó, a días de iniciar el MWC, sin Uber y Cabify, las dos principales empresas de VTC, que ya amenazaban unos días antes con abandonar Cataluña y que finalmente cumplieron con su palabra. La alta demanda de movilidad urbana de los congresistas del Mobile y la incapacidad de la ciudad condal de hacer frente a ella “es el peor escenario posible para los usuarios y denota que las restricciones impuestas artificialmente y que limitan el ejercicio de actividad, en gran parte limitando el uso de la tecnología por parte de los operadores, no son inocuas, tal y como hemos alertado reiteradamente”, responden Marcel Coderch y Marc Realp, presidente y director general, respectivamente, de la ACCO.

La marcha de Uber y Cabify de la ciudad “la valoramos muy negativamente dado que supone una reducción de las opciones de transporte urbano disponibles por los consumidores con la desaparición de una opción innovadora que había tenido una buena recepción al mercado”. Además, alertan Coderch y Realp desde la ACCO, que “la desaparición del mercado de operadores económicos siempre significa una reducción de las presiones competitivas que de una manera u otra acaban afectando al consumidor”. El que menos culpa tiene y el que siempre acaba pagando el pato.

La solución al problema

Para la Autoridad Catalana de la Competencia, “la mejor manera de ajustar la oferta a la demanda es permitir que los mecanismos competitivos puedan operar, siempre dentro de un marco regulatorio que proteja los objetivos de interés general que puedan fijar los poderes públicos”.

Para Juan de Antonio, fundador y propietario de Cabify, una posible solución sería comprar todas las licencias de taxi de Madrid, valorando cada licencia en unos 150.000 euros, por encima de precio de mercado.

Juan de Antonio, fundador y propietario de Cabify / EE

Actualmente, un taxista en una ciudad como Barcelona o Madrid puede llegar a pagar alrededor de 140.000 euros por una licencia de taxi. El precio de una licencia de VTC cuesta unos 5.000 euros, aunque en el último año se han llegado a vender licencias de este tipo de segunda mano por más de 50.000 euros. Es posible que sea sólo cuestión de tiempo que alcancen el mismo precio que la licencia de taxi.

Los sueldos que reciben unos y otros no son, ni de lejos, parecidos. Un conductor de VTC cobró 12.913 euros netos de media (unos 1.000 euros mensuales) en el 2018, más o menos lo mismo que el chófer/empleado de un taxi con licencia. Pero los propietarios del taxi que lo conducen ellos mismos facturan unos 3.500 euros/mensuales brutos de media. No son grandes cantidades, aunque la planificación y la buena gestión pueden arrojar grandes cifras. Así es como Juan de Antonio se atrevió a ofrecer al Gobierno una fórmula que no supone ningún gasto para el Estado, puesto que la amortización de las licencias, que supondría un desembolso total de 2.200 millones en el caso de Madrid, se podría financiar con un recargo mínimo de los viajes de Cabify durante un periodo de tiempo.