¿Pisos turísticos erradicados? ¿Seguro? Los afectados explican lo contrario. El Gobierno de Ada Colau ha hecho balance esta semana de la actuación contra los pisos turísticos ilegales, uno de los temas que marcó la agenda mediática en las pasadas elecciones municipales. En una conferencia rutilante ante los medios la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, sacó pecho por el plan de choque llevado a cabo por el ayuntamiento en esta materia. Pero los datos van en otra dirección.

Sanz sacó a relucir unos datos estadísticos que, a simple vista, sugieren que en Barcelona están prácticamente erradicadas las viviendas de uso turístico ilegal. “Hemos controlado la oferta ilegal y estamos más cerca que nunca de dejarla a cero”, aseguraba la concejal de Urbanismo antes de presentar las cifras. Según el ayuntamiento, se ha pasado de 5.875 pisos ilegales en 2016 a tan sólo 278 en 2018, lo que supone una reducción del 95%.

Los inspectores dudan de las cifras

En concreto, el gobierno municipal presume de haber cerrado 4.900 pisos ilegales en dos años, de los que posteriormente se ha comprobado que dos de cada tres han dejado de operar por completo.

¿Son reales estas cifras aportadas por el equipo de gobierno? Todas las fuentes consultadas por este medio coinciden en señalar que no. Así lo creen los visualizadores de pisos turísticos --trabajadores de la empresa B:SM--, una figura creada durante la actual legislatura para combatir esta problemática. Uno de estos trabajadores, que prefiere mantener el anonimato, asegura que “hay muchos más pisos ilegales de los que dijo Janet Sanz”. Según el empleado municipal, es “imposible cifrarlos porque precisamente se mueven en la ilegalidad, lo que no permite cuantificarlos”. “Se ha mejorado mucho, en parte gracias a nuestro trabajo, pero no nos engañemos, estamos muy lejos de erradicarlo”, afirma.

Proliferaciones de otras webs

Además, añade que lo que están controlados son los apartamentos que se anuncian en las grandes plataformas como Airbnb, pero no los pisos que se mueven por el “boca a boca” u otras webs que hacen la misma función pero de forma ilegal.

Fuentes de la oposición corroboran esta tesis. Dichas fuentes señalan que entre los 9.500 apartamentos analizados se incluyen los que aparecían en Airbnb, que han dejado de ser anunciados. Sin embargo, “esto no quiere decir que estén cerrados, sino que se anuncian en otras plataformas que burlan la ley”. Desde el sector inmobiliario apuntan directamente a páginas como Homeaway y Booking. De hecho, destacan que Booking ha incrementado exponencialmente su oferta de pisos turísticos --tanto legales como ilegales--, cuando antes se dedicaba de forma exclusiva a reservas hoteleras.

Los datos de los vecinos

Otros de los afectados que tampoco dan credibilidad al discurso triunfalista del Gobierno de Ada Colau son los vecinos. En Ciutat Vella, uno de los distritos donde más han proliferado los apartamentos turísticos en los últimos años, el ayuntamiento ha llegado a expedientar hasta 3.737 apartamentos ilegales. Uno de los barrios más afectados ha sido la Barceloneta. El vicepresidente de la Asociación de Vecinos de la Barceloneta, Manel Martínez, asegura que los datos presentados por Janet Sanz son “falsos”. La asociación vecinal calcula que sólo en la Barceloneta quedan entre “800 y 1.000 pisos ilegales”, una cifra superior a la que el consistorio maneja para toda la ciudad. Sus cálculos se basan en la diferencia entre los pisos turísticos que operan de forma legal en el barrio (62) y los resultados que dan las búsquedas de apartamentos de alquiler en internet.  

Pese a reconocer que “en los últimos cuatro años han bajado, principalmente de particulares”, Martínez apunta que se ha producido un aumento del perfil del inversor/empresario, que compra inmuebles para después alquilar pisos turísticos sin contar con los permisos.  

Sanz se reafirma

Desde la concejalía de Urbanismo afirman que el dato de 272 anuncios de pisos ilegales en internet es de finales de 2018 y que puede haber variado porque “aparecen nuevos que el ayuntamiento, enseguida que los detecta, requiere a las plataformas que lo eliminen”. En todo caso, aseguran fuentes oficiales del ayuntamiento, la magnitud de la cifra es la que se ha presentado esta semana.

El consistorio defiende que la reducción de esta actividad ilegal se ha logrado gracias a la aplicación de las sanciones previstas por ley, por el aumento del equipo de inspección y por el uso de nuevas herramientas tecnológicas como la “araña web”. Según Janet Sanz, otro de los actores importantes en la lucha contra los pisos turísticos ilegales han sido los llamados visualizadores.

Recortes en los inspectores

Pese a reconocer su labor, el futuro de estos trabajadores está actualmente en el aire. En un inicio el ayuntamiento anunció que eliminaría esta figura a principios de año, pero finalmente dio marcha atrás y aplazó la decisión hasta el 31 de mayo, pasadas las elecciones municipales.

Los empleados están a la espera de que el gobierno municipal les aclare su futuro. Fuentes sindicales destacan que de los 41 trabajadores que había antes en esta brigada, la mitad han sido recolocados en otras unidades de Barcelona Serveis Municipals (B:SM). De los que quedan ahora, 13 tienen un contrato de obra y servicio, y podrían ser despedidos si se decide liquidar esta unidad. Uno de estos empleados apunta que “todavía hay mucho trabajo por hacer y que si no se hace, el fenómeno de los pisos ilegales volverá a crecer”.