El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña considera que el decreto de la Generalitat que obliga a precontratar el servicio de vehículos de alquiler con conductor (VTC) con un mínimo de 15 minutos de antelación, "vulnera el derecho a la libertad de empresa" de la Constitución. Además, advierte de que esta medida "desproporcionada" generará un alto coste económico por la compensación a estas compañías.
Se trata de un revés a la normativa destinada a regular la actividad de las plataformas Uber y Cabify, que dejaron de operar en Barcelona a causa de esta medida, que supuso el fin de la huelga de taxistas en la ciudad. El dictamen realizado por la institución dependiente de la Generalitat se produce a petición de Ciudadanos, que solicitó un informe al Consejo.
Vulnera la libertad de empresa
Aunque la resolución no es vinculante, el Consejo señala que fijar un intervalo mínimo de 15 minutos entre la contratación y la prestación efectiva del servicio VTC, "vulnera el derecho a la libertad de empresa", recogido en el artículo 38 de la Constitución, y constituye "una restricción no razonable de éste, según los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad".
El organismo también ve inconstitucional que el decreto habilite a los entes locales a aumentar el intervalo mínimo de contratación de los servicios, tal y como ha hecho el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que aprobará un reglamento que obliga a reservar los VTC con una antelación mínima de una hora.
Normativa “desproporcionada”
En su dictamen, el Consejo cree que introducir este tiempo de espera "afecta perjudicialmente a la libertad de empresa" por su carácter "preventivo y gravoso", a la vez que "no protege ni favorece el interés general de los ciudadanos como potenciales usuarios del servicio". Considera, asimismo, que este punto del decreto catalán "dificulta" la actuación de los VTC y tiene un "carácter desproporcionado por su elevado grado de potencial perjuicio".
Además, esta institución llama la atención a la Generalitat sobre la reclamación económica que pueden impulsar las empresas de VTC, que tienen derecho a ser indemnizadas por el cambio de modelo en el sector. En definitiva, sostiene el Consejo de Garantías, la norma catalana "obstaculiza de manera excesiva y, por tanto, de forma no razonable el derecho constitucional a la libertad de empresa", que recoge el artículo 38 de la Constitución.
Un MWC sin Uber ni Cabify
En este contexto, con Uber y Cabify fuera, el sector del taxi se prepara para su "mejor año" de cara al Mobile World Congress, que, además, coincide con la huelga de metro en la ciudad. El gremio se ha mostrado satisfecho y asegura que esperan incrementar sus ingresos en un 15% en comparación con el año anterior. Sin embargo, algunos usuarios que asistían este lunes al evento móvil lamentaban las colas a la hora de coger taxis.
De hecho, Cabify ha lanzado la campaña “Barcelona te echamos de menos”, donde ha afirmado que “en estos días tan ajetreados” les “encantaría" continuar con su actividad. La compañía acusó al conseller de Territori, Damià Calvet, el pasado enero, cuando anunció el cese de su actividad, de "ceder a la presión y exigencias del sector del taxi, perjudicando gravemente el interés ciudadano".