El empresariado catalán se pelea desde hace casi 12 años por el reparto del poder patronal, la llamada batalla por la representatividad. Los actuales líderes de Foment del Treball y Pimec abrieron en diciembre una ventana de oportunidad para acabar con esta guerra. Pero el diálogo ha cesado y las dos organizaciones intercambian mensajes a través de la prensa para acercar posiciones. La última propuesta corre a cargo de la patronal de pymes. Ofrece debatir una cuota que no llegue a la paridad, su gran objetivo, siempre que se garantice que se mantendrá el 50% en las mesas de negociación de convenios.
Este es el verdadero poder de la representatividad empresarial. Que la cuota que reconoce la Generalitat otorga más o menos sillas para debatir con los sindicatos los grandes pactos laborales que se mantienen a nivel catalán y en los principales sectores de actividad. Las mesas del metal, el textil o la química, entre otras, donde se fijan las condiciones de trabajo mínimas que deberán cumplir todas las compañías del sector.
¿Peso económico o número de compañías?
Pimec se ha quejado históricamente de que la voz de los empresarios de pymes está infravalorada en estos ámbitos. Mantiene que se trata de una disfunción del mapa patronal catalán si se tiene en cuenta que la mayoría de las compañías del territorio son empresas de este perfil.
La gran patronal catalana ha enmendado también durante años esta posición. Argumenta que las pymes sí son hegemónicas si se contempla el mapa económico de Cataluña sólo desde el prisma del número de sociedades. Reclama que se mida el impacto de las compañías sobre el PIB o sobre el empleo, ya que bajo este prisma las empresas de gran tamaño son predominantes. De hecho, ha dejado claro que sus asociados representan al 70% del PIB catalán y que no piensan renunciar a esta fuerza.
El reto de la Generalitat
Buscar un punto de equilibrio entre ambas visiones representa el gran reto para la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, encabezada por Chakir El Homrani. Y no es precisamente menor ya que ni siquiera existen precedentes. El mapa de representatividad actual es una ligera modificación del que fijó Jordi Pujol en sus primeros mandatos.
El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat, Chakir El Homrani / ESQUERRA
El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat, Chakir El Homrani / ESQUERRA
Entonces se reconoció que Foment del Treball detentaba el 70% del poder y que Pimec se quedaría con el 30% restante. Cuando Fepime, la patronal de pymes adscrita a Foment, consiguió que la Generalitat la reconociera como organización representativa, se decidió que su entidad madre le cedería el 25% de su cuota.
Acuerdo antes que conteo
El Homrani, exsindicalista de UGT, se ha resistido hasta la fecha a iniciar el conteo de empresas que el líder de Pimec, Josep González, le exige de forma reiterada. El político de ERC conoce los pormenores de la batalla entre patronales e intenta mantenerse al margen.
Sus allegados reconocen que es consciente de que cualquier intento de recuento de empresas será impugnado. O bien por Pimec o bien por Foment del Treball. Por lo que ha optado por la estrategia de dejar pasar el máximo tiempo posible para forzar que los líderes patronales lleguen al ansiado acuerdo.
Sin fecha para el diálogo
Tanto González como su homólogo en Foment, Josep Sánchez Llibre, han dejado claro que están dispuestos a retomar el diálogo y la negociación. Aunque, por ahora, no se ha fijado ninguna fecha para reunirse.
¿Puede prosperar la paridad en las mesas como demanda Pimec? Fuentes de la gran patronal catalana consideran complejo que esta iniciativa tenga recorrido. Creen que son más fuertes desde el punto de vista económico y que no deben renunciar a ello. Además, Sánchez Llibre contempló por primera vez este martes como una opción posible que la Generalitat iniciara el recuento de compañías.
Decreto de Puig
Con todo, dejó claro que la gran patronal catalana hará todo lo que esté en su mano para evitar que El Homrani recupere el decreto de conteo que preparó Felip Puig cuando era consejero de Empresa y Trabajo. Es decir, impugnará la decisión.
Esta propuesta se basaba en cuestiones numéricas y es precisamente la que se reivindica desde Pimec. González señala que la gran patronal catalana nunca lo recurrió, ya que cesó en su envite judicial cuando Puig dio un paso atrás y retiró el decreto. Según su valoración, esta realidad ratifica su propuesta y habilita a la Generalitat a que mida el poder real de las patronales. Cuestión que también fue reconocida en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El Gobierno catalán puede decidir. Por ahora, no se espera que inicie el conteo a corto plazo.