Los responsables de Lafarge Holcim en Cataluña han revisado el impacto económico de su actividad en el territorio. En el estudio publicado este febrero mantienen que la cementera riega con 22 millones de euros Montcada i Reixac (Barcelona), el municipio donde está la factoría, y su zona de influencia. Una cifra que supera en dos millones la aportada en el ejercicio anterior y que se usa como otro argumento en el conflicto abierto con el equipo de Gobierno local, encabezado por Laura Campos (ICV).
La última derivada de este pugna fue la petición del Ayuntamiento al Área Metropolitana de Barcelona, presidida por Ada Colau, de que realice una inspección y sancione a la compañía por verter presuntamente fuel al río Besòs. El Ejecutivo local hizo la petición hace dos meses tras asegurar que los técnicos de la institución supramunicipal habían detectado esta actividad ilícita.
Pugna por la licencia ambiental
Por el momento, esta petición no se ha traducido en una sanción de la institución supramunicipal. Fuentes próximas a la compañía señalan que se trataba de otro intento de desacreditar su actividad. Recuerdan que el vertido que se detectó fue motivado por la ruptura de una tubería subterránea del sistema de descarga de fuel y que tanto este sistema como la mancha que se produjo fueron reparados.
¿Puede afectar este incidente a los permisos de actividad de la compañía? Los mismos interlocutores desestiman este extremo. El Gobierno de Montcada ha intentado a lo largo de la legislatura que toca su fin revocar la autorización de la licencia ambiental de la factoría de Lafarge. A finales de marzo del año pasado incluso presentaron un recurso contencioso-administrativo para que se dejara sin efecto la renovación de los permisos. Se unía a la causa abierta por los vecinos del barrio más próximo al centro de trabajo, Can Sant Joan.
Recurso ante el TSJC
Los portavoces de la cementera de origen francés explican que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) falló meses después a su favor. Desestimó sus argumentos, ya que consideró que el nuevo procedimiento de la Generalitat no era heredero de los errores que se habían cometido en la tramitación anterior. Es decir, de la anulación de los permisos que la compañía había obtenido en 2010.
Ahora, están a la espera de saber si los denunciantes presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas consideran que esta nueva causa tendría pocas posibilidades de prosperar. Además de que la batalla contra la actividad de la cementera se ha trasladado ahora al área metropolitana.
300 empleos directos
Ante este escenario, la compañía recuerda que su actividad genera 300 empleos, entre directos e indirectos. Esta cifra la convierte en la principal industria productiva de la zona. Los responsables de Lafarge también destacan la aportación del grupo a las arcas municipales a través del pago de impuestos (no detallan el montante total de su aportación), la contratación de servicios y el impulso que se da en “proyectos vinculados con la salud, la educación o el medio ambiente que benefician de forma directa a más de 3.600 habitantes”, tal y como indica el documento. Es decir, la inversión en Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
El director de Lafarge Holcim en Montcada, Vicente Pedro, señala en el mismo informe que 2018 ha sido el “año de internacionalización de la fábrica”. Explica que han recibido “visitas de profesionales de otros países” interesados en su modelo productivo.
Cemento y sostenibilidad
También indica que el cemento que ha salido de la localidad del Vallès Occidental se ha usado en la ampliación del aeropuerto de Girona, el soterramiento de los FGC en la línea de Sabadell o la ampliación de la C-58. Todo ello, en un momento en que se ha conseguido recudir 43.800 toneladas de CO2 gracias al uso de la biomasa en sus instalaciones.
El 35% de la energía que se consume en la planta es originada por combustibles alternativos y se han invertido más de un millón de euros en la “mejora medioambiental”, tal y como remarcan los responsables de la compañía. Este es el discurso que la compañía usa con el objetivo de intentar reforzar la idea de que su actividad es respetuosa con Montcada y sus habitantes. Una cuestión que seguro que se abordará en la carrera hacia las elecciones municipales del próximo mayo.