Las normas y regulaciones que están aplicando las administraciones públicas españolas para solucionar el conflicto entre el taxi y el sector de los VTC "contradicen el fondo y la forma de la legislación comunitaria aplicable en España", según el "Informe Taxi/VTC y el derecho europeo" elaborado por el Instituto de Coordenadas.

El informe apunta que estas normativas "no encajan" en el conjunto de leyes que trasponen al ordenamiento jurídico español las diferentes directivas y normas de carácter comunitario y que son de obligado cumplimiento por parte de los países de la Unión Europea (UE).

Conflicto con Bruselas

El documento también destaca el "grave desfase" que representan para la movilidad urbana las nuevas regulaciones sobre taxi y VTC, puesto que va en contra del emprendimiento empresarial y de la innovación tecnológica, en un país en el que los servicios y el turismo generan "una buena parte" de la actividad económica.

El Instituto Coordenadas subraya que España podría quedar fuera de la legislación comunitaria, lo que desataría en un enfrentamiento con las autoridades de Bruselas de "consecuencias imprevisibles". Además, esto se produce en un momento en el que la industria automovilística está apostando ya por modelos de car sharing para la movilidad.

Contradice dos normas comunitarias

"Los sistemas de movilidad urbana y las infraestructuras de transporte son la primera visión que reciben los visitantes de un país. Los acontecimientos y disturbios que se han vivido nos retrotraen a los inicios del siglo XIX con los ludistas. Una regresión que perjudica a todos, incluidos quienes promueven las acciones violentas", se afirma en el texto.

Así, el informe destaca que dos normas comunitarias en concreto corren peligro de quedar sin efecto en España si se generalizan las nuevas regulaciones de taxi y VTC: la Directiva de Servicios y la de Unidad de Mercado.

"Las restricciones que se están aplicando a las empresas con licencias VTC para prestar servicios de transporte urbano, algunas disparatadas, dejan sin efecto el sentido de la norma comunitaria sobre liberalización en la prestación de servicios, que precisamente intenta eliminar la burocracia y trabas administrativas e impulsa la competencia para mejorar servicios y generar empleo", añade el documento.

"Caos jurídico"

El Instituto Coordenadas indica que las barreras que se están poniendo en España en la relación entre taxi y VTC "dejan sin sentido" la legislación europea, al tiempo que destaca que abren opciones para poner en marcha recursos legales, "lo que puede desembocar en un caos jurídico de enormes proporciones, generador finalmente de costes".

"Desde 1986 España y muchos sectores de actividad han tenido que asumir dolorosas transiciones a las reglas de mercado, a la transparencia y a la competencia: las gasolineras, los monopolios, sector eléctrico, la telefonía, la comunicación...", apunta el informe.

Inseguridad jurídica

En esta línea, defiende que existen soluciones equilibradas y razonables, sin escatimar en ayudas y mecanismos de compensación material y temporal. Además, añade que no se puede frenar el futuro de las economías abiertas: "Se podrá retrasar, encarecer o dificultar, pero no sería realista pensar que se puede eliminar".

En consonancia con el documento, el vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, afirmó que anular de facto el derecho comunitario en España mediante normas que impiden su aplicación práctica "es una insensatez" que no genera más que inseguridad jurídica y desconfianza institucional" hacia España.