Caixabank se ha hecho en el inicio del nuevo ejercicio con el contrato para gestionar las operaciones de recaudación del Gobierno catalán. Se encargará de prestar el servicio financiero para las operaciones de recaudación que realiza el Servei Català de la Salut (CatSalut), estén relacionadas con el pago de impuestos o no, y las de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). De este último, sólo facilitará que se puedan usar tarjetas en la plataforma de pagos habilitada.
La entidad capitaneada por Gonzalo Gortázar se impone de este modo a BBVA, el otro banco que había presentado una oferta para los servicios. Pero lo hace por carambola.
BBVA no completa el expediente
La vicepresidencia de Economía y Hacienda, encabezada por Pere Aragonès (ERC), decidió a principios de diciembre por unanimidad que el contrato se otorgaría al grupo financiero dirigido por Carlos Torres. Para formalizarlo, le requería completar la documentación de la plica. Pero no lo hizo dentro del “plazo establecido de forma legal”, tal y como consta en las actas de la mesa de adjudicación.
Al no completarse el expediente, se decidió también por unanimidad dejar el servicio en manos de la segunda entidad que presentó una oferta. Es decir, Caixabank.
Duración del contrato
El banco ha iniciado este enero el servicio, tal y como indican fuentes de la vicepresidencia económica de la Generalitat. Lo desarrollará hasta el próximo 31 de diciembre y, como suele ser habitual en contratación pública, las dos partes implicadas pueden prorrogarlo hasta la misma fecha de 2020.
La oferta inicial contemplaba un valor estimado del contrato de 19.800 euros para los dos ejercicios en que se da por sentado que estará vigente. Con todo, los mismos interlocutores advierten de que esta cifra será mucho mayor.
Otras compensaciones económicas
Caixabank recibirá cada mes una compensación por cada cuenta corriente que esté incluida en la estructura de la Generalitat. El departamento de Aragonès ha fijado unos límites. Las cuotas de cada uno de ellos no podrán exceder los 8,25 euros y se llegará a un máximo de 9.900 euros al mes. Es decir, la entidad recibirá un máximo de 118.800 euros anuales por gestionar el entramado financiero de esta parte de la Generalitat.
A esta cifra se le debe sumar el coste por cobro por vía telemática (con tarjeta), que también se valora por transacción; el alquiler de las terminales TPV que se usarán en la Agencia Tributaria; la comisión que se paga en cada una de estas operaciones; y la de los recibos domiciliados. Así se determina en las prescripciones técnicas del contrato, que dejan en manos de los ofertantes poner una cifra a cada uno de estos servicios.
Compromisos del adjudicatario
También se debe analizar el concurso público desde la estructura de los costes de gestión. El adjudicatario se comprometía a resolver cualquier tipo de incidencias del servicio, sea crítica o no; y a tener todos los servicios previstos listos el 1 de enero. Todo ello, con el cumplimiento de los estándares de confidencialidad necesarios por el tipo de transacciones que se gestionarán.
Por las condiciones de la mesa de adjudicación, la propuesta de BBVA resultaba más competitiva que la de Caixabank. Aunque no pasó el corte de los requisitos burocráticos para poder encargarse de los servicios.
Gestión de tesorería
No es la primera ocasión en que la entidad presidida por Jordi Gual trabaja con la Generalitat. Desde los Gobiernos tripartitos se encarga de la gestión de la tesorería del Ejecutivo catalán. Incluso se ha repartido con BBVA estos servicios en varias ocasiones. Ahora, incrementa su negocio con la Administración Pública.