Las 13 cámaras de comercio catalanas destinarán unos 350.000 euros para habilitar la plataforma de voto electrónico que se usará en las elecciones del próximo mayo. El Consejo General ha convocado el concurso público que le pedía la Generalitat en el que detalla los costes máximos de la licitación.

Cifra en 150.000 euros la puesta en marcha del “conjunto de servicios de votación electrónica” que forman parte del contrato. Es decir, establecer el software encargado de recoger y contabilizar los votos que se emitan entre los diferentes grupos del censo electoral de las cámaras. Este presupuesto debe cubrir el “montaje, servicio se apoyo y monitoraje” de los “13 puntos de votación presencial y la gestión de incidencia de nivel tres”.

Coste de los servicios adicionales

La resolución de la consejería de Empresa y Conocimiento, encabezada por Àngels Chacón, en que da formalmente el disparo de salida a los comicios decreta que habrá más colegios electorales que las 13 sedes de las cámaras catalanas. Habilita espacios como las delegaciones territoriales de las organizaciones de dinamización empresarial. La medida que buscaría fomentar la participación también encarece el coste de otra parte del concurso público que se ha abierto, se deben sufragar los gastos de los “servicios adicionales o complementarios”.

El grupo que se lleve la licitación recibirá como máximo otros 8.100 euros para montar cada uno de los puntos de votación presencial. La cifra incluye desde las impresoras y cables que se deban usar hasta el apoyo técnico durante la votación presencial, que tendrá lugar el 8 de mayo de las 10 de la mañana a las seis de la tarde sin interrupción.

Empresas interesadas

Fuentes del sector indican que 350.000 euros como presupuesto máximo para poner en marcha un sistema de votación electrónica representa una cifra baja. Consideran que la generosidad del Consejo General de Cámaras de Comercio, dirigido por Narcís Bosch, sería limitado y que eso propiciaría que pocas empresas presentaran una oferta.

Por el momento, han mostrado su interés en concurrir en la licitación tres grupos. Scytl, una firma de Barcelona que aún no tiene experiencias en sistemas de votación en remoto en Cataluña; la multinacional Indra, cuyo principal hándicap es su política de subcontrataciones; y eKratos, una firma impulsada por el exconsejero nacional de CDC Sergi Fernández junto con Ignasi Doy. En este último caso, la falta de experiencia en habilitar sistemas de voto electrónico juega en su contra. 

Aún no se ha formalizado ninguna oferta. Las empresas interesadas disponen de plazo hasta el próximo 21 de enero a las 14 horas.

Polémica del voto electrónico

La polémica que ha surgido con el hecho de que la Generalitat haya promovido sólo el voto electrónico en su diseño de los comicios camerales, no contempla ni el presencial ni el por correo, ha propiciado un movimiento garantista del Consejo Superior. En los pliegos de condiciones del contrato, se deja claro que el “servicio podrá ser auditado en cualquier momento” y que se deberán “enmendar de forma inmediata las deficiencias o el mal funcionamiento del sistema de voto electrónico”. Si se incumple, el licitador se reserva el derecho de resolver el contrato “en cualquier momento”.

La legalidad de los comicios por esta cuestión se dirime en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha rechazado paralizarlos como medida cautelar, y en el Ministerio de Industria. Los electores han promovido causa ante estas dos instituciones. Mantienen que existen dudas sobre las garantías reales del sistema. No se han disipado tras la publicación de la convocatoria oficial de las elecciones por parte de la Generalitat.