UGT de Cataluña ha reclamado este jueves al Tribunal Supremo que tenga en cuenta el impacto social que tendrá el juicio a los políticos que impulsaron el proceso independentista catalán. “La resolución será la que tenga mayor impacto en la sociedad probablemente desde la restitución de la democracia”, ha declarado el secretario general del sindicato, Camil Ros, en el tradicional encuentro con los medios de primeros de año.
Ha asegurado que la “responsabilidad política” de la judicatura al dictar la sentencia “es más elevada que la de los dos gobiernos [el centra y el catalán] para encontrar una solución política”. Señala que los magistrados “no pueden vivir aislados” de este contexto y de las implicaciones que tendrá, por lo que reclama que las penas interpuestas sean “proporcionadas”. “Si se quiere concordia y cohesión, se debe ir hacia estos elementos”.
Aprobación de presupuestos
Todo ello, con el respeto a la “independencia judicial” que el sindicato reconoce. Ros enmarca sus peticiones en una demanda genérica de mayor estabilidad política tanto en Cataluña como en España. Coincide con la gran patronal, Foment del Treball, que esto se consigue con un pacto tanto en el Congreso como en el Parlament para sacar adelante las cuentas públicas. “El mejor elemento para destensar la situación son los Presupuestos”, sentencia el líder sindical.
Pide que se superen los vetos que se imponen desde las posiciones más extremistas y recuerda que las fuerzas políticas que podrían desbloquear la situación ya habían llegado con anterioridad a pactos en este sentido. Manda mensajes tanto al PSC y Comuns en Cataluña como a PDeCAT y ERC por su posición en el Congreso. “Aprobar los presupuestos con los independentistas no perjudica de forma electoral y ]hacer lo propio en el Congreso] no supone una rendición al PSOE”.
Avance en políticas sociales
Incluso señala que dar el visto bueno a las cuentas públicas es compatible con “mantener la misma posición política ante los conflictos”. Es decir, ante el procés. Para UGT de Cataluña, las demandas de autodeterminación deben ser compatibles con el avance de otras iniciativas en clave social. Como la “puesta en marcha de la renta garantizada de ciudadanía, contratar más profesores o médicos, avanzar en el Pacto Nacional por la Industria o revertir la Reforma Laboral para acabar con la precariedad”.
En este sentido, Ros puntualiza que la necesidad de las cuentas públicas no puede ser “a cualquier precio”. Exige que se prioricen las cuestiones sociales para acabar con las carencias que se han consolidado en el mercado laboral español. Con los datos del paro publicados este jueves en la mano, destaca que la reducción de la desocupación no se refleja en una desaparición paulatina de la pobreza que se ha generado tras 10 años de crisis. “Se puede dar menos paro, pero no creación de ocupación”, ha manifestado, “en el mejor de los casos se crea precariedad laboral”.
Recuperación de derechos
A pesar de toda la inestabilidad partidista, reivindica que ha llegado el “momento político para la recuperación de derechos sociales y estabilidad”. Por lo que demanda “grandes acuerdos” que sólo se pueden generar con la estabilidad deseada por todos los agentes sociales.
Si no se llega a este escenario, el sindicato advierte que se abrirá un nuevo año de confrontación social y movilizaciones. Ros recuerda que es la organización confederal la que marca el ritmo de las protestas estatales ante la parálisis de los cambios en la Reforma Laboral que se negocian desde hace meses.
En Cataluña, el Gobierno de Quim Torra tiene una prueba de fuego para garantizar la paz social en las próximas semanas. “Si cumple con el pacto y empieza a pagar las pagas extraordinarias [a los trabajadores públicos], empezaremos el año sin movilizaciones”, indica el secretario general de UGT. Si los independentistas no hacen lo propio, el nuevo conflicto con la función pública está servido.