El último Consejo de Ministros del año tiene previsto aprobar un megadecreto en el que incluirá la revisión de las pensiones según el IPC, el 1,6% en 2019, una subida de la cotización mínima de los trabajadores autónomos y un paquete de medidas para desincentivar los contratos laborales de corta duración.
El Gobierno se siente en la obligación de adoptar medidas “urgentes” para luchar contra el abuso en la celebración de contratos temporales de corta duración.
Más cotización
Para ello, va a modificar el artículo 151 de la Ley General de la Seguridad Social con el objetivo de elevar el incremento en la cotización por la celebración de este tipo de contratos del 36% actual al 40%.
"Esta medida va a tener una incidencia positiva en los ingresos del sistema de la Seguridad Social, ya que implica una mayor recaudación, a la vez que puede ser desincentivadora para que el empresario recurra a este tipo de contratos”, dice el borrador.
El déficit del sistema
"Este incremento de ingresos justifica también la adopción de esta medida mediante un Real Decreto Ley, ya que el importante déficit que mantiene el sistema de la Seguridad Social requiere la aprobación de medias urgentes que incrementen la recaudación", apunta el texto.
Asimismo, este incremento de la cotización va ligado a una mejora de la protección social de estos trabajadores para aplicar a los días trabajados y cotizados un "coeficiente de temporalidad".
Mejora la cotización
A efectos de acreditar los periodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, de los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, cada día de trabajo se considerará como 1,4 días de cotización.
Asimismo, el texto apunta que esta previsión no será de aplicación en los supuestos de contratos a tiempo parcial, de relevo a tiempo parcial y contrato fijo-discontinuo".
Subida de pensiones
El mecanismo de actualización de las pensiones, que sustituiría oficialmente a partir de 2020 al índice anterior por el cual estas suben un 0,25% mientras la Seguridad Social tenga déficit, hará que las pensiones suban conforme el IPC, pero no el dato de un mes concreto (antes del 0,25% se tomaba el IPC interanual de noviembre), sino que se tendrá en cuenta la media de los últimos 12 meses (de noviembre del año corriente sobre diciembre del año anterior).
Esta medida de actualización se aplicará a partir del año que viene y tendrá que convalidarse en las Cortes. No obstante, este año ya se utilizará este promedio (noviembre 2018 sobre diciembre de 2017) para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas y compensar la diferencia de la subida de las pensiones con la subida del IPC. Según acordó el Gobierno, las pensiones este año subieron un 1,6% y las mínimas un 3%.
Aumento adelantado
Con la nueva metodología de revalorización, la media de noviembre de este año sobre diciembre del año pasado es del 1,7%, por lo que a los pensionistas se le compensará con un aumento de la pensión del 0,1% adicional, lo que tendrá un coste de unos 256 millones de euros para las arcas públicas.
Para 2019, el decreto incluye un aumento de las pensiones del 1,6% y del 3% en el caso de las mínimas. La norma también establecerá un aumento de las bases máximas de cotización del 7% para el próximo año.
También suben los topes
Esta decisión conllevará un aumento de la recaudación de 700 millones, según cálculos de CCOO, mientras que CEOE ya ha alertado de que supondrá un gasto adicional en las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social de 1.500 millones.
En este real decreto también se incluye la medida anunciada el miércoles por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en la que se recoge que se sancionará a las empresas con un mínimo de 3.126 euros y un máximo de 10.000 euros de multa por cada trabajador que esté mal encuadrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) debiendo estar en el Régimen General o por el trasvase de trabajadores del Régimen General al RETA.
Asimismo, se incluye el acuerdo suscrito con las organizaciones de autónomos que contempla el incremento de un 1,25% de la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos a partir del 1 de enero de 2019, hasta los 944,35 euros al mes, y el tipo de cotización será del 30%, con lo que los autónomos personas físicas tendrán que pagar 5,36 euros más al mes (64 euros más al año) de lo que pagan actualmente, aunque a cambio recibirán una mayor protección.