El Banco de España ha echado cuentas de lo que supone volver a vincular las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC) y retrasar la entrada en vigor, hasta 2023, del conocido como 'factor de sostenibilidad'.
Y llega a la conclusión de que, entre 2018 y 2019, el gasto adicional rozará los 8.000 millones de euros, según recoge el supervisor en un documento hecho público este lunes en el que analiza el impacto en las finanzas públicas de las medidas que, sobre el sistema público de pensiones, ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez.
En ese sentido, cree el supervisor que revalorizar las pensiones en función del IPC y mantener la entrada en vigor del factor de sostenibilidad supondrá un gasto de 5.300 millones, el equivalente al 0,4% del PIB, para 2019. Este año ha sido de 2.500 millones de euros.
Negro panorama
Y va más allá. Revalorizar la pensión media en función del IPC en el periodo 2018-2050 y mantener la entrada en vigor del 'factor de sostenibilidad' para 2023 elevaría el gasto un 1,9% del PIB en 2030 y un 3,4% del PIB en 2050 respecto al escenario de aplicación de la reforma de 2013, que dibujaba un panorama muy diferente: subidas de las pensiones de sólo el 0,25% durante gran parte de las próximas tres décadas.
El Banco de España recuerda que la reforma de 2013 establece que la revalorización de las pensiones sea anualmente de un máximo del 0,25% en situaciones de déficit del sistema, y del IPC más un 0,5% en épocas de superávit.
A mayor vida, menos pensión
Adicionalmente, la reforma introducía el llamado 'factor de sostenibilidad', que inicialmente iba a operar a partir de 2019 y cuya entrada en vigor ha sido retrasada a 2023. Este factor vincula el importe inicial de las pensiones al aumento de la esperanza de vida, por lo que cuanto más crece ésta, menor es la pensión inicial.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 fijaron una subida del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas y del 1,6% para las contributivas, de acuerdo con la previsión de inflación. De no mediar acuerdo en el Pacto de Toledo, las pensiones se revalorizarán también un 1,6% en 2019. A ello hay que sumar el aumento de la base reguladora de la pensión de las viudas sin otros ingresos, del 52% al 56% este año, y del 56% al 60% a partir de 2019.
El Banco de España calcula que retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad a 2023 conllevará un aumento medio del gasto del 0,1% del PIB en la próxima década (2020-2030) y del 0,3% del PIB en la década siguiente.
Mayor pensión inicial al retrasar el factor de sostenibilidad
Este mayor gasto, explica, sería resultado tanto del incremento de la pensión media de las cohortes que se jubilen entre 2019 y 2022, ahora exentas de la aplicación del 'factor de sostenibilidad', como del aumento de la pensión media de las cohortes que se jubilen a partir de 2023, para quienes el retraso en cuatro años de la entrada en vigor de este factor implicaría una pensión inicial mayor.
Aunque la institución entiende que estos cálculos están sometidos a un gran grado de incertidumbre por el amplio horizonte temporal considerado, asegura que, ante el escenario macroeconómico y demográfico previsto, "cabe concluir que las medidas recientes adoptadas en el sistema de pensiones requerirán de actuaciones adicionales que aumenten los ingresos o reduzcan los gastos del sistema con objeto de garantizar su sostenibilidad financiera".