El grupo Agrolimen, holding alimentario dueño de Avecrem y Gallina Blanca --entre otras empresas--, ha anunciado el cierre de la planta que tiene esta última marca en Sant Joan Despí (Barcelona). La producción que llevaba a cabo (hasta ahora) esta instalación será trasladada a Huesca. El motivo de este cambio, según ha comunicado el sindicato CCOO, es la futura recalificación de los terrenos en los que se encuentra la factoría catalana.
La fábrica de Gallina Blanca emplea a 70 personas, de las cuales 42 pertenecen al equipo de la compañía y 28 provienen de empresas subcontratadas. El sindicato asegura que Agrolimen no ha valorado el impacto en los trabajadores que tendrá el cierre de las puertas de la factoría y asegura que todo este proceso se debe a la intención del holding de realizar una operación inmobiliaria "puramente especulativa".
Anuncian movilizaciones
CCOO ha comunicado su rechazo al cierre de la planta a través de un comunicado y ha anunciado que convocará a los empleados a movilizarse para pedir el mantenimiento del proyecto industrial y el empleo en el municipio. La fábrica de Sant Joan Despí lleva a acabo la producción de las sopas deshidratadas de Gallina Blanca.
Asimismo, presionarán al Ayuntamiento de Sant Joan Despí para reclamar responsabilidades y apoyo en su lucha para mantener los puestos de trabajo de las instalaciones de Gallina Blanca. El sindicato ha arremetido contra el consistorio local por "permitir la especulación con el suelo industrial".
La familia Carulla
El grupo Agrolimen está presidido por Artur Carulla Font y es uno de los principales grupos empresariales de Cataluña. El grupo se ha visto envuelto en más de una investigación por supuestos fraudes a Hacienda. El último de estos casos se dio a conocer hace escasamente un año, cuando la Agencia Tributaria hizo una inspección de los tributos del holding de los Carulla con respecto al IVA, el IRPF y el impuesto de sociedades en los ejercicios 2012 y 2013.
El caso más conocido de los problemas de este grupo con la justicia se destapó, sin embargo, en 2011. La Fiscalía acusó a los hermanos Carulla de haber defraudado más de 60 millones de euros a Hacienda mediante la compraventa de acciones. El caso se solucionó sin necesidad de juicio, cuatro años después, gracias a un acuerdo con el fisco. Uno de los hermanos, Luis Carulla, admitió ser el responsable del fraude fiscal y fue condenado a 20 meses de cárcel. Además la familia Carulla pagó 9,4 millones de euros a las arcas públicas por estos hechos.