La convocatoria de las elecciones a las 13 cámaras de comercio catalanas están en manos de la sección quinta de la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El recurso de un empresario contra el decreto que marcaba las reglas de juego de los comicios que se deberían celebrar como muy tarde en marzo incluye una petición de medidas cautelares que aplaza el proceso.
El promotor, la empresa Staff Pavillon (propiedad de Xavier Vallhonrat, líder de la Asociación Catalana de Franquicias) representada por el bufete Pou de Avilés, pide al alto tribunal catalán que paralice todo el proceso de renovación de las cúpulas hasta que se pronuncie sobre la pulcritud del decreto electoral. Los magistrados de la sala tienen pendiente contestar este petición, y los tempos judiciales no van a la par con el avance de los comicios.
Contratación del voto electrónico
El proceso judicial se ha abierto cuando el Consejo General de Cámaras de Comercio de Cataluña ha resulto el encargo que le había hecho la Generalitat y que conforma el centro de la polémica. El director gerente del órgano gestor de las entidades, Narcís Bosch, explica en declaraciones a Crónica Global que los “pliegos de condiciones del concurso público” que deben lanzar “están preparados”.
Àngels Chacón, consejera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat / CG
Àngels Chacón, consejera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat / CG
La consejería de Empresa y Conocimiento, encabezada por Àngels Chacón, encargó a las organizaciones de dinamización empresarial la contratación de la compañía que se encargue de habilitar el polémico voto electrónico. El Gobierno catalán puso el foco en esta modalidad electoral en detrimento del presencial y por correo en el decreto que ha sido recurrido en el TSJC.
Errores tecnológicos
El papel del Ejecutivo se limitaba a lanzar una segunda contratación pública para contar con un auditor del proceso. Se cubría de esta forma las espaldas ante los posibles errores o fallos en el desarrollo tecnológico que permitiesen la suplantación de identidad de los electores o que se sufrieran ataques de hackers. Si se llegase a este extremo, se abriría la puerta a la impugnación del proceso de renovación de las 13 cámaras enteros.
De hecho, la demanda judicial se sustenta en el “riesgo en la transparencia y la seguridad de los comicios” que ha planteado el Govern. Además de denunciar una presunta vulneración de la legislación nacional porque el decreto pasa del voto por correo.
Generalitat y Consejo
Los portavoces de la consejería de Empresa aseguran que la directriz interna es la de proseguir con total normalidad el proceso electoral hasta que el TSJC no diga lo contrario. Las cámaras de comercio miran con más recelo el conflicto abierto. Si ya generó discrepancias la obligatoriedad de contratar el desarrollo de la plataforma tecnológica para votar, con el consiguiente coste que supondría para el Consejo, ahora se teme que los esfuerzos al respecto queden en papel mojado.
Bosch indica que la institución a la que representa es parte afectada y que es la Generalitat la que debe marcar el ritmo electoral. Han cumplido con su parte del encargo público, pero aún se deben “tomar ciertas decisiones” para lanzar la licitación pública. El ejecutivo reconoce la complejidad actual del proceso.
El principal gesto que se espera por parte del Gobierno catalán es la publicación definitiva del calendario electoral para renovar las 13 cámara de comercio. Otras fuentes empresariales consideran que este documento dejaría claro que los comicios siguen adelante y que se cumplirá con el límite fijado por el Estado de que se complete la renovación como muy tarde el 30 de marzo.
Elecciones locales, europeas y ¿generales?
¿Se puede ir más allá de esta fecha? Los interlocutores consultados apuntan a que el Gobierno no será inflexible si la causa está motivada, pero desde las cámaras catalanas no ven con buenos ojos dejar pasar mucho más tiempo. Piden que exista cierta independencia entre este proceso y la campaña electoral de las elecciones municipales y europeas que se celebrarán en mayo. Más, si finalmente se celebra un súperdomingo en España y también se eligen a los representantes del Congreso y del Senado.
Aunque la renovación de los órganos directivos se celebren entre semana, se considera que la coincidencia de calendario iría en contra de los intereses empresariales.
Todos los ojos están puestos en el TSJC y la prisa que se pueda dar la sala de lo Contencioso Administrativo en pronunciarse sobre las medidas cautelares.